Francia cifra en 285.000 los empleos creados por las 35 horas

La aplicación de las leyes de reducción del tiempo de trabajo a 35 horas semanales ha permitido crear 285.000 empleos netos en Francia desde 1996, según un informe de la Agencia para la Mejora de las Condiciones de Trabajo (ANACT) difundido ayer. En ese periodo de tiempo, la tasa de paro bajó cuatro puntos (del 12,5% en junio de 1997 al 8,5% con que se estima terminará el actual mes de junio), a lo cual han contribuido con un 0,8% los empleos creados por reducción del tiempo de trabajo de los asalariados.

Más de 50.000 acuerdos de empresas han sido firmados ya para poner en vigor la jornada reducida. El problema importante que se plantea ahora es seguir aplicando la ley para que afecte también a las pequeñas empresas, considerando como tales a las de menos de 20 trabajadores.

Estos datos se difunden en plenas discusiones entre el Gobierno, los sindicatos y el Medef (la principal organización patronal) sobre el modo de financiar la continuidad del sistema de 35 horas. Muchas voces se alzan desde las empresas privadas para suspenderlo o aplazarlo en las compañías de pequeño tamaño. Una propuesta política a medio camino es la del Ministerio de Economía, que dirige Laurent Fabius, que ha sugerido mantener la jornada de 39 horas para las pequeñas empresas a cambio de encarecer severamente el precio del tiempo que rebase la jornada máxima. Fabius se muestra cada vez más inquieto por la cantidad de concesiones sociales que está haciendo el Gobierno del que forma parte, en un año preelectoral.

La ministra de Empleo y Solidaridad, Elisabeth Guigou, desea echar mano de los fondos de la Seguridad Social para compensar la exoneración de cotizaciones sociales a las empresas que contraten trabajadores reduciendo las jornadas. Esta medida ha sido considerada casus belli por la organización patronal, cuyo presidente, Ernest Antoine-Seillière, se entrevistará hoy con el primer ministro, Lionel Jospin, para darle un ultimátum: o se dejan como están los fondos de la Seguridad Social, o la patronal abandonará los órganos de gestión de esa institución, en la que ha permanecido por espacio de 55 años.