Un juez investiga si Interior vulneró la legalidad al colocar cámaras en Las Cortes
El reglamento sobre vídeovigilancia obliga a tener una 'autorización administrativa previa'
Un juzgado de Bilbao investiga desde octubre de 2000 si el Departamento de Interior violó garantías constitucionales o legales al colocar un dispositivo de videovigilancia en el barrio chino de Bilbao para investigar delitos cometidos supuestamente por ertzainas en la zona. El Ararteko denunció en su informe de 1998 prácticas policiales en esa zona deprimida de Bilbao que atentaban contra los derechos humanos. El reglamento vasco sobre videovigilancia considera que la instalación de cámaras requiere de una 'autorización administrativa previa'. Uno de los agentes que participó en el dispositivo declaró ante el juez que no la había 'al no ser necesaria'.
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguía Baltellas, llamará previsiblemente a declarar al que era subjefe de la Unidad de Investigación en la comisaría de la Ertzaintza cuando Interior ordenó, a principios de 1999, colocar un sistema de videovigilancia con cámaras fijas en un piso de la calle San Francisco.
Dos de los agentes que participaron en este operativo de videovigilancia ya han declarado ante el juez en calidad de testigos. El pasado 23 de abril, uno de los dos ertzainas que comparecieron en el juzgado por esta investigación declaró que fue precisamente el subjefe de la Unidad de Investigación el que le ordenó que encontrara el lugar más idóneo para colocar las cámaras. Según explicó, con esta videovigilancia se pretendía 'esclarecer' 'unas denuncias del Ararteko por la actuación, al parecer irregular, de agentes de la Ertzaintza que formaban parte del dispositivo de Las Cortes [una calle del barrio chino]'. La actuación de este agente fue la de 'retirar la cinta de vídeo' de los dos equipos, uno de los cuales fue robado del piso durante la investigación, a mediados de abril de 1999.
El agente aseguró ante el juez que 'las cámaras únicamente estuvieron colocadas 20 días' y que todo el material grabado se lo entregaba al subjefe de la Unidad de Investigación de la comisaría de Deusto. El segundo ertzaina que ha prestado declaración aseguró desconocer quién dio la orden de colocar las cámaras, aunque 'supone que partiría de algún jefe'. Sí dijo que desconocía 'si el viceconsejero de Seguridad [Mikel Legarda] estaba al tanto de la colocación de dichas cámaras'. Este agente visionó parte de las grabaciones con motivo de un atestado que tuvo que elaborar, en el que 'se veían unas irregularidades cometidas por los agentes de la Ertzaintza'.
Dichas irregularidades fueron motivo de polémica en el Parlamento vasco, de una investigación judicial y de un expediente disciplinario contra 11 agentes que participaron en la detención violenta de dos personas realizada por varios ertzainas en Las Cortes. Junto a la utilización excesiva de la fuerza se apreciaron discrepancias entre lo recogido en el atestado policial y lo que se podía verse en las imágenes grabadas por las cámaras. Lo cierto es que la investigación judicial, instruida en el Juzgado número 4 de Bilbao, fue sobreseída en abril de 2000 y el expediente de Interior contra 11 agentes también fue archivado posteriormente por el viceconsejero de Seguridad.
La denuncia que investiga el juez de Bilbao considera que los hechos pueden ser considerados como un delito del artículo 536 del Código Penal, que se refiere a la violación de garantías constitucionales o legales por funcionarios públicos y/o agentes utilizando artificios técnicos para la grabación de imagen.
Legislación vigenteEl marco legal básico que regula la videovigilancia descansa en la ley orgánica de agosto de 1997 y en el decreto aprobado por Interior en julio de 1998. Ambas normas exigen una 'autorización administrativa previa' para la colocación de cámaras. Además, el reglamento vasco prevé también que la Comisión de Videovigilancia y Libertades -el órgano consultivo formado por 6 magistrados, fiscales, representantes de Interior que encabeza el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco- emita un informe preceptivo 'previo a la autorización de las instalaciones fijas de videocámaras'. Este permiso final corresponde al viceconsejero de Seguridad.
A su vez, el fiscal jefe de la Audiencia de Guipúzcoa, Luis Navajas, emitió una comunicación en noviembre de 1999 sobre la prueba videográfica en el proceso penal y concluyó que las grabaciones debían reunir estos requisitos: sólo para delitos graves (penas superiores a los tres años), realizadas a partir de 'tener sospechas fundadas de que se ha cometido o se va a cometer un delito', sobre 'personas sospechosas', y en el 'marco de una investigación formalizada y no como mero inicio de recogida de información'. Interior siempre ha sostenido que en la investigación en Las Cortes 'no es aplicable la normativa sobre videovigilancia'.
La 'frontera' de los derechos humanos
Las actuaciones de la Ertzaintza y de la Policía Municipal en el barrio chino bilbaíno han generado no sólo más de un sobresalto en una zona que fue calificada por el consejero de Interior, Javier Balza, como 'muy difícil' para el trabajo de los policías. En plena polémica por la colocación de cámaras en Bilbao La Vieja en las que se había grabado a algunos agentes vascos realizando una detención violenta, Balza admitió en el Parlamento que algunos policías podían haber realizado actuaciones que están 'en la frontera' del respeto a los derechos humanos. Pero el consejero siempre negó que esos comportamientos fuesen generalizados.
Lo cierto es que el informe del Ararteko de 1998 recogía, entre otro tipo de prácticas policiales en la zona, la colocación de la porra en la garganta en las identificaciones, los registros corporales, a veces conminando a los identificados a desnudarse total o parcialmente en la calle o en un portal, y los insultos, a veces con contenidos racistas o xenófobos. Las Cortes y Bilbao la Vieja son dos barrios de una de las zonas más deprimidas de la capital vizcaína, con una fuerte presencia de inmigrantes africanos y profusamente utilizada como centro de trapicheo de droga por camellos de poca monta.
Fue precisamente la actuación de varios ertzainas en una detención violenta la que motivó la apertura de una investigación judicial en abril de 1999, tras una denuncia interpuesta en los tribunales por el Departamento de Interior. Finalmente, la juez de Instrucción número 4 de Bilbao archivó un año después la causa, al entender que los policías no habían cometido delitos, aunque sí 'irregularidades'.
