La Fiscalía del TSJA contará con un servicio exclusivo para investigar la siniestralidad laboral

Jesús García Calderón, el nuevo fiscal jefe de Andalucía, que tomará posesión dentro de unos quince días, tiene intención de crear de forma inminente un servicio dedicado exclusivamente a investigar los delitos relacionados con la siniestralidad laboral. El servicio, que tendrá la misma consideración que la Fiscalía de Menores o las que atienden la violencia doméstica o la inmigración, es considerado por García Calderón como de 'gran importancia'. En una entrevista con EL PAÍS, la primera tras su nombramiento el 9 de junio, el fiscal sostiene que una de las obligaciones del ministerio público es estar en contacto con los ciudadanos.

'He tenido la oportunidad de crear el servicio dedicado a la siniestralidad en la Audiencia de Lugo. Allí hemos tenido reuniones interesantes con la Inspección de Trabajo y tenemos previsto otras con los sindicatos y ahora parece indispensable crear este servicio aquí en Granada', afirma García Calderón. El fiscal apuesta también por revitalizar otros servicios especializados del ministerio público.

A pesar de los nuevos proyectos, García Calderón, de 41 años, casado y padre de dos hijos, autor de libros jurídicos y de creación, se muestra cauto y asegura que el estilo de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no va a cambiar con su llegada. 'La Fiscalía tiene una obligación constitucional y lo que hay que esperar de ella es lo que establece la Constitución. Yo lo que digo a la gente es que confíe en la Justicia y acuda a ella cuando lo estime necesario'. señala.

No obstante, el fiscal admite que abunda la desconfianza de los ciudadanos hacia las administraciones públicas en general y, en particular, a la de Justicia, y sostiene que uno de los remedios para acabar con esa percepción anómala consiste en hacer más transparente el trabajo del ministerio público a través de los medios informativos. García Calderón, autor de varios estudios jurídicos sobre el patrimonio histórico, reitera que el vigente Código Penal es insuficiente para preservar los bienes culturales. 'La respuesta es inadecuada porque la redacción fue muy apresurada', precisa. El fiscal niega que el retraso en cubrir su plaza haya causado acumulación de trabajo en el TSJA.