La Generalitat crea una empresa para pagar la línea 9 del metro

El Gobierno catalán ha decidido cómo financiar la línea 9 del metro: el Consell Executiu remitirá al Parlament un proyecto de ley para crear la Entidad de Gestión de Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña. Su función será financiar infraestructuras, de las que será titular. Para ello recurrirá al endeudamiento.

El Ejecutivo catalán cree que la gestión de la línea debe ser para el Metro de Barcelona, pero el PP, con cuyos votos se cuenta para aprobar la ley, piensa que es hora de empezar a hablar de gestión privada del transporte público.

La nueva entidad, que será al 100% del Gobierno catalán, se hará cargo de la financiación y el mantenimiento de las infraestructuras. En principio de la línea 9 del metro, unos 300.000 millones. Pero también se prevé que asuma la construcción de la línea férrea del Baix Llobregat entre Castelldefels y Sant Boi, con un presupuesto de 70.995 millones. En una tercera fase, será la propietaria de la red de infraestructuras de metro y Ferrocarrils de la Generalitat.

La creación de la empresa dibuja un nuevo panorama en el transporte: la Autoridad del Transporte, responsable de la planificación; la entidad, propietaria de vías y túneles, que podrá endeudarse contra el cobro del canon de los trenes, y los operadores: Metro y Ferrocarrils de la Generalitat, a los que habría que añadir los privados si triunfara la tesis del PP.

El consejero de Economía, Francesc Homs, explicó ayer que el futuro de la inversión en infraestructuras es el pago aplazado. 'Pagar las grandes obras a dos o tres años es irresponsable', dijo Homs, quien rechazó que la función de la nueva empresa sea, sobre todo, permitir mayores endeudamientos al Ejecutivo que preside Jordi Pujol. En su opinión, la entidad, 'que se hará por ley y en el Parlament', responde a las directrices comunitarias, tanto a las vigentes como a las que están siendo redactadas en la actualidad, y también a criterios de racionalidad. 'Es lo mismo que ha hecho la Comunidad de Madrid y lo que ha hecho el Gobierno español para las líneas de alta velocidad', añadió.

La nueva empresa deberá financiar obras cuyo importe global supera los 400.000 millones de pesetas. Los presupuestos recogerán los compromisos de pago y financieros que corresponda, pero sólo una vez entregada la obra, que se pagará en los ocho años siguientes. Para afrontar estos pagos dispondrá de las aportaciones del Gobierno catalán y del canon que pagarán los trenes que usen las infraestructuras.

Esto tendrá una segunda consecuencia: GISA y la Dirección General de Transportes perderán parte del control que hasta ahora han tenido sobre estas obras, que pasará a depender de la nueva entidad. En la raíz de esta decisión están los motivos financieros, esencialmente, pero también la insatisfacción de parte del Gobierno catalán y de los operadores de transporte respecto a la Dirección General de Transportes, a la que acusan de ineficacia manifiesta y falta de seguimiento de las obras.

La línea 9

El establecimiento de un canon abre la puerta a la entrada de operadores privados. Homs fue taxativo: 'Nuestra idea es entregar la línea 9 a Metro de Barcelona. No se nos ha pasado otra cosa por la cabeza'. Pere Macias se manifestó en el mismo sentido, pero la intención del PP es otra. Alberto Fernández, tras explicar que su partido había hablado con CiU y había dado 'un visto bueno inicial al proyecto', aseguró que es el marco idóneo para liberalizar el transporte público 'en la línea de lo que propone la comisión europea'.

Homs aseguró que la nueva entidad se hará cargo de toda la línea 9, incluido el tramo hasta el aeropuerto, para el que inicialmente se preveían fondos europeos.

Los socialistas, por su parte, recibieron la noticia con preocupación. En su opinión, CiU está asumiendo tal cantidad de deudas que lo único que podrá hacer el próximo Gobierno será pagarlas, sin apenas capacidad de maniobra. Los intentos privatizadores del PP son un segundo motivo de preocupación. Manel Nadal presentó ayer mismo una proposición sobre infraestructuras en la que reclama, entre otras cosas, claridad sobre las inversiones en infraestructuras y 'garantizar la unidad de explotación' de la red de metro, independientemente de cuál sea el propietario de las vías.