Un juez imputa a la alcaldesa de Chinchón un presunto delito de malversación

El juez de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Valdemoro ha imputado a la alcaldesa de Chinchón, Ana María Magallares Buitrago (PP), un presunto delito de malversación de fondos públicos: Magallares usó supuestamente dinero del presupuesto municipal para pagar al abogado que le representó en un recurso de casación contra una sentencia que le condenaba a ocho años de inhabilitación especial para cargo público.

La sección séptima de la Audiencia Provincial condenó a la alcaldesa, en febrero del año pasado, a ocho años de inhabilitación especial para desempeñar empleo o cargo de alcalde o concejal por negarse a convocar una comisión, aprobada previamente, que investigara la gestión del presupuesto municipal de los ejercicios de 1996 y 1997.

Los hechos probados por la Audiencia Provincial indicaban que el pleno, a propuesta del PSOE, aprobó el 20 de marzo de 1998 crear una comisión de cuentas. Pero ésta no se constituyó porque la alcaldesa adujo que estaba de baja por enfermedad y por 'la ingobernabilidad' del Consistorio tras la dimisión de varios ediles.

La sentencia explicaba entonces que la alcaldesa, 'en el ejercicio de su cargo, como tal autoridad, decidió no convocar la comisión de investigación', a pesar de que era 'plenamente consciente de que debía hacerlo', según recoge el artículo 404 del Codigo Penal.

Minuta de un abogado

Magallares presentó entonces un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y abonó la minuta del abogado que lo presentó -unas 580.000 pesetas- con cargo a las arcas municipales. La alcaldesa justificó el gasto porque el delito del que estaba acusada y por el cual debía ser inhabilitada 'era fruto de su cargo como alcaldesa'. Por tanto, explicó, 'la factura del letrado debería pagarse del presupuesto municipal'.

Sin embargo, los socialistas de Chinchón no lo entendieron así y se querellaron de nuevo contra la regidora por utilizar fondos públicos para pagar lo que ellos consideraron 'una causa privada'. El pasado 24 de abril, el Juzgado número 2 de Valdemoro dictaba un auto en el que comunicaba que el dinero utilizado por la alcaldesa para pagar a su abogado 'puede ser constitutivo de un delito de malversación de fondos públicos'. También ha solicitado al abogado de los socialistas 'el escrito de acusaciones'.

El letrado que representa al PSOE ha solicitado para la alcaldesa una pena de 10 años de inhabilitación para cargo público 'por un presunto delito de prevaricación' y cuatro años de cárcel por otro 'presunto delito de malversación', según el abogado Mariano Benítez de Lugo. La regidora, por su parte, ha presentado un recurso de reforma solicitando el archivo del caso.

Magallares insistió ayer en que considera 'justificado' que procedieran de las arcas públicas las 580.000 pesetas usadas para pagar a su abogado, porque la sentencia que la condena a inhabilitación 'sólo es aplicable a su cargo como alcaldesa'.