Jueces para la Democracia tilda la decisión de ataque al Supremo

La decisión del Tribunal de Conflictos sobre la aplicación del indulto al ex juez condenado por prevaricación Javier Gómez de Liaño fue evaluada como 'un ataque a la independencia de la función jurisdiccional del Tribunal Supremo' por Montserrat Comas, portavoz de la asociación judicial progresista y minoritaria Jueces para la Democracia (JpD), si bien la opinión del resto de las asociaciones fue variada.

Comas manifestó a este periódico: 'En JpD no logramos entender que un órgano como el Tribunal de Conflictos, no previsto en la Constitución y de dudosa constitucionalidad, pueda revocar una decisión del Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, según la Constitución'.

La portavoz de JpD calificó la decisión tomada ayer como 'un dislate jurídico, porque otorga al Tribunal de Conflictos la competencia para aplicar el indulto, que la ley confiere al tribunal sentenciador, en este caso el Supremo'.

Comas señaló que, aún así, 'el dislate jurídico no ha llegado hasta dar la razón absoluta al Gobierno, que pretendía la reintegración inmediata y automática de Liaño a la judicatura, mientras que será el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que decidirá sobre ese reingreso, una vez que hayan transcurrido cinco años para la cancelación de los antecedentes penales'. La portavoz de JpD recordó que el indulto perdona la pena no cumplida, 'pero ni elimina el delito ni lo amnistía'.

'Pacifica una contienda'

En una declaración más escueta, el presidente de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Santiago Martínez-Vares, interpretó que la sentencia -todavía no notificada- 'es saludable, porque pacifica una contienda y por tanto beneficia al Estado de derecho, que es lo que importa', aseguró.

Martínez-Vares añadió: 'La decisión reconoce que el Gobierno tenía razón y podía indultar toda la pena ejecutada, como algunos dijimos, por lo que me congratulo, aunque voces discrepantes pudieran tener sus motivos'.

Por su parte, José Luis González Armengol, portavoz de la minoritaria y moderada Asociación Judicial Francisco de Vitoria, discrepó de la decisión y apoyó al Supremo, porque, según dijo, 'el Gobierno, como ente administrativo, está sometido al control jurisdiccional'.

Arturo Beltrán, portavoz de la muy minoritoria Unión Judicial Independiente, manifestó que 'el Gobierno no debió de promover este indulto y si creía que debía darle una satisfacción a Liaño, debió hacerlo al margen de la judicatura'.