CIS

Proponía Ximo Puig hace unos días la creación de un CIS valenciano para favorecer la transparencia y diligencia en su conocimiento de los resultados de las encuestas y sondeos que encarga y administra el Gobierno valenciano. Según el diputado y portavoz socialista en las Cortes Valencianas ello permitiría el control parlamentario de los estudios y la utilización plural, democrática de los fondos públicos para la prospección de las preferencias y opiniones de nuestra ciudadanía relevantes para el ámbito de lo político.

Al día siguiente de esta demanda un desafortunado comentario de prensa lapida la iniciativa a cuenta de que dependiente del Gobierno o del Parlamento ese organismo sería pasto de la mayoría absoluta; argumento contundente y autista donde los haya que contempla las mayorías absolutas como la antítesis de la democracia, y, a la ley que pudiera crearse para superar tentaciones de monopolio, como papel mojado e inútil lujo que el presupuesto no debe tolerar.

Para los investigadores que nos servimos de los estudios del CIS, para quienes tenemos acceso a documentación pública (no catalogada como confidencial, reservada, prudentemente guardada, o, simplemente, de uso preferente y excluyente de diferentes oficinas y autoridades públicas), o a documentación desclasificada y cedida por las diferentes administraciones públicas a archivos públicos, disponer de una fuente solvente de estudios de opinión y de un poderoso banco de datos no es un asunto baladí.

El CIS lleva una ventaja muy considerable, pero si la Generalitat Valenciana vertiera ahora su información completa a los archivos de un instituto público valenciano creado por ley de la Generalitat y regulado correctamente (el modelo del CIS serviría, incluso en su adscripción gubernamental), lo que es material poco conocido, las matrices de los estudios de opinión realizados o encargados por la Generalitat desde los primeros meses del Gobierno del presidente Lerma hasta hoy, más los materiales que el propio CIS ha venido produciendo de manera sistemática para el ámbito valenciano, e, incluso, la recopilación de los trabajos realizados en el ámbito de las universidades de Valencia y Alicante, o los realizados por empresas privadas para diferentes instituciones públicas valencianas en los últimos veinte años, constituirían un patrimonio inicial de notable entidad.

Si, además, a este fondo se le añadieran los datos del Institut Valencià d'Estadística, integrando su cometido en el nuevo organismo, se diseñaran planes para estudios de opinión y se regulasen las opciones de utilización para actores institucionales, sociales o investigadores, de modo que transcurrido un tiempo prudencial quedaran prácticamente en el dominio público para que sus datos y aportaciones puedan servir al conjunto de la Comunidad, no veo por qué ha de ser una iniciativa risible.

Que una mayoría absoluta se administre con mayor o menor elegancia no empece para que evitar el secreto y la parcialidad no sea una tarea urgente. Que el control político plural sobre entes públicos arroje un saldo deficiente, tanto por la defectuosa configuración legal de aquél cuanto por una recreada habilidad adquirida por los profesionales políticos para permitir un control sólo virtual, no es argumento para privar a los valencianos de un instrumento sin duda útil para la calidad de nuestra democracia. Asumir la gracia fácil aquí denunciada es admitir que con Madrid basta. ¿O no?

Vicent.Franch@eresmas.net