Un tribunal de Bélgica condena a las monjas ruandesas por genocidio

Un jurado popular belga ha considerado que los cuatro ruandeses juzgados en Bruselas por genocidio persiguieron, acosaron y mataron a cientos de compatriotas en la guerra civil que asoló al país en 1994. Gracias a una ley única en el mundo y al trabajo de una decena de abogados comprometidos con los derechos humanos, Bélgica ha podido, por vez primera en la historia, condenar a duras penas de prisión, aunque más leves de las que había pedido el fiscal que había solicitado la cadena perpetua, a dos religiosas, un industrial y un profesor universitario. Sor Gertrudis empezó a cumplir ayer una pena de 15 años de prisión, sor María Kisito una de 12, Alphonse Higaniro, una de 20, y Vincent Ntezimana, una de 12 años.

El jurado tuvo pocas dudas sobre la culpabilidad de los condenados. Sólo algunas de las acusaciones que pendían sobre el profesor Vincent Ntezimana, de 39 años, quedaron excluidas, lo que no le ha librado de una condena a 12 años, ya que se consideran probadas las atrocidades cometidas contra cientos de tutsis y el papel ideológico que jugó este hutu extremista quien delató a vecinos, colegas y amigos y elaboró listas de la muerte.

El juicio ha durado ocho semanas y las pruebas y testimonio de casi 200 personas han sido contundentes. Alphonse Higaniro, de 51 años, que fue ministro de Transportes en 1991 y en 1994 era director general de la Sociedad Ruandesa de Cerillas en Butare, fue instigador de las masacres, que se cobraron entre 500.000 y 800.000 muertos.

Los hechos en los que participaron las dos monjas benedictinas Consolata Mukagango (sor Gertrudis, de 43 años) y Julienne Mukabutera (sor María Kisito, de 36 años) son especialmente cruentos. Sor Gertrudis, superiora del convento de Sovu, y sor María Kisito, del mismo centro, entregaron a cientos de víctimas a las milicias hutus, además de colaborar en su exterminio.

Tres jornadas marcaron el horror en aquel convento de Sovu. Sor Gertrudis estaba en contra de abrir el convento a los refugiados tutsis y contó con la colaboración de sor María Kisitos. El primer día trágico fue el 22 de abril de 1994, cuando en el garaje del centro de salud murieron abrasados cientos de ruandeses que huían de la persecución de los hutus. Tres días más tarde, las dos monjas colaboraron en el exterminio de otros refugiados, con granadas introducidas por las ventanas. El 6 de mayo lograron hacer salir, en busca de una muerte a machetazos, a otro puñado de gente que habían acudido en busca de refugio. Sólo tres monjas se atrevieron a denunciar los hechos. La sentencia del Tribunal de Bruselas es inapelable. Como mucho, se puede llevar ante un tribunal de casación por defectos de forma, pero es improbable que varíen las penas.