Una auditoría revela fallos en el control de los bienes y servicios de la Cámara regional

Franco González, responsable del área de la Función Pública en el grupo de IU, califica los resultados de la consultoría como de 'juzgado de guardia' y de 'desastre en la gestión interna de la Asamblea'. 'Y en el colmo del despropósito', dice el diputado, 'encargan por 14 millones la auditoría a una empresa externa, como si la Dirección General de Calidad de los Servicios no pudiera hacer el mismo o mejor trabajo'.

Esther de Alba, secretaria general del Parlamento madrileño, afirma, en cambio, que el estudio es 'un punto de partida' para mejorar los servicios y pieza clave para 'superar la situación existente'. Explica que se encargó la auditoría a una empresa externa porque así se asegura la 'objetividad'.

- Inventario de bienes. 'A la fecha de realización de este informe [finales de 2000], la Asamblea no dispone de inventario, lo que imposibilita, en gran medida, el control de los bienes y el estado de los mismos'. Y todo ello, dicen los auditores, a pesar de que el Reglamento de Régimen Interior establece que el Parlamento regional deberá contar con este inventario.

- Adquisición de bienes. La falta de planificación produce que, en ocasiones, dos departamentos inicien, a la vez, los trámites para comprar un mismo bien.

- Control de bienes. 'No existe una unidad que centralice y coordine el seguimiento de los contratos que la Asamblea tenga con terceras personas'. Lo mismo ocurre con los convenios de colaboración.

- Sección de Contabilidad. Sus empleados no se fían, según el informe, del sistema informático del que disponen, por lo que realizan el 'cómputo de las retribuciones de forma manual', lo que provoca 'el riesgo de incurrir en errores'. Además, la remisión de las liquidaciones a la Agencia Tributaria la hacen mediante ujieres, 'cuando es perfectamente posible vía Internet'. Los funcionarios, igualmente, cuando necesitan fondos para pagar gastos extra a los diputados, se dirigen personalmente a un banco para cobrar un cheque que va a su nombre, 'con la consiguiente responsabilidad en caso de pérdida, robo o extravío'. Los consultores se preguntan por qué no se hace esta operación con una empresa de seguridad o una simple transferencia.

- Gestión presupuestaria. El Servicio de Asuntos Económicos se encarga de la gestión y ejecución del presupuesto público a través de un sistema informático que 'no permite el acceso de todas las unidades que intervienen en el gasto, [lo que] origina el consiguiente retraso'.

- Boletín Oficial. En este departamento hay una 'sobrecarga de trabajo manual que ralentiza considerablemente la sección'. Los documentos de las dos legislaturas anteriores están, de hecho, sin informatizar. Los consultores destacan que sus trabajadores reciben cheques de los suscriptores por la falta de coordinación con Asuntos Económicos.

- Dirección de Informática. 'La Asamblea no ha desarrollado los recursos ni los procesos adecuados para hacer efectivas plenamente las medidas de seguridad informática', dicen los auditores. La página web sólo actualiza las convocatorias de plenos y comisiones. Además, contrata fuera 'programas a la medida' para sus departamentos, lo que conduce 'a la falta de integración de los sistemas'.

- Dirección de Gestión Parlamentaria. Cuenta con un programa informático del que los trabajadores no pueden obtener su máximo rendimiento por 'falta de formación suficiente' y carencia de 'un servicio de ayuda'.

- Unidad de Reprografía. La auditoría pide 'un formulario homogéneo' para 'reducir el volumen de documentación trasladada' a la unidad por los ujieres.

- Unidad de Ujieres. Este departamento carece de 'una adecuada planificación y coordinación de actividades'.