Un juzgado de Madrid embarga las cuentas de Izquierda Unida

Todo se inició en la primavera de 1999. El equipo de Julio Anguita, por entonces líder indiscutible de Izquierda Unida, decidió contratar con la empresa 210 Publicidad la campaña para las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 13 de junio. El batacazo electoral que luego se produjo -la coalición perdió a la mitad de sus votantes- fue atribuido en parte a la mala campaña publicitaria, por lo que IU decidió que los 135 millones de pesetas que la empresa le reclamaba eran demasiados. Intentó entonces negociar a la baja, pero no hubo manera de llegar a un acuerdo y el caso acabó en los juzgados de Madrid.

Desde el principio del litigio hasta el último capítulo firmado el martes han pasado muchas cosas en IU, pero ninguna buena para sus arcas. Aquel fracaso electoral de 1999 fue confirmado en las generales del año 2000. De 21 diputados nacionales se pasó a ocho; de 2.700.000 votantes, a 1.250.000. Esto no sólo supuso un desastre político, sino sobre todo financiero. Los 67 millones mensuales que recibía del Congreso se quedaron en 33. En total, Izquierda Unida pasó de ingresar 950 millones de pesetas anuales a poco más de 500. Difícil situación para encarar la reconquista de su espacio político y para intentar salir del ahogo financiero que, en julio de 1999, llegó a suponer una deuda de 2.600 millones.

La medida judicial ya es efectiva y ha supuesto la retirada de unos 50 millones de los fondos de la coalición

Una situación, no obstante, común a todos los partidos. Es más: Ginés Fernández, actual secretario de Organización de IU, asegura que la deuda que él gestiona no supone 'ni una décima parte de lo que deben el PP o el PSOE'. Bien es verdad que es IU la única formación que ha admitido públicamente la cuantía de su carga y la que menos posibilidades tiene de saldarla dada la escasez de sus ingresos. Fernández presume, no obstante, de que, en sólo dos años, el nuevo equipo dirigente ha conseguido reducir la deuda de esos 2.600 millones a 1.400. Un ahorro que en buena parte se está logrando gracias a la vieja fórmula familiar de apretarse el cinturón.

Ya la campaña del año 2000, con Francisco Frutos de candidato, se distinguió por la economía de medios. Se vigiló el diseño -mucho mitin en Madrid, pocas vallas publicitarias, presencia gratuita en Internet- y también los pequeños detalles. Mientras Aznar viajaba en avión privado y Almunia lo hacía en primera, Frutos iba casi siempre en coche -un Lancia Carisma con matrícula YU-, dormía en su casa y evitaba los hoteles de lujo cuando no tenía más remedio que pernoctar fuera de Madrid. Pero ni así. Tras los malos resultados, la crisis se precipitó. Y los primeros en sufrirla fueron los trabajadores.

Un mes después de las elecciones, la coalición tuvo que abrir un expediente de regulación que acabó con 35 de sus 62 empleados en la calle. Aquella época fue, además de dura, desagradable. Al decidirse una reducción drástica de gastos se supo, por ejemplo, que la lista de recortes incluía a Julio Anguita, cuya factura del agua ascendía a 45.000 pesetas mensuales y quien vivía en un chalé de 318.000 al mes pagado por la organización. El que fuera líder de IU durante 12 años llegó a decir que algunos de sus dirigentes le producían un 'asco tremendo', al sospechar que esos datos fueron filtrados por personas de su entorno.

Como suele suceder con los iceberg, lo que provoca el desastre es sólo la punta. La empresa 210 Publicidad SL no es ni mucho menos el acreedor al que Izquierda Unida debe más dinero.Sí es verdad que mantenía una relación muy especial, puesto que -según fuentes de la coalición- su facturación dependía en un 90% de los contratos con IU, sobre todo en elecciones.

Durante todo el proceso judicial, la coalición ha intentado llegar a un acuerdo con la empresa. De hecho, según las mismas fuentes, los dirigentes pretendieron recientemente evitar el juicio ofreciéndole 100 millones de pesetas a cambio de olvidar el asunto. Pero los responsables de 210 Publicidad, una firma pequeña domiciliada en la Gran Vía de Madrid, confiaron en que sus cartas eran las buenas y optaron por llegar hasta el final. El tiempo, pero sobre todo la titular del juzgado 37 de Primera Instancia, acabaron por darles la razón. Y, por si fuera poco, ahora IU no sólo tiene que pagar los 135 millones de la factura. La sentencia le obliga a satisfacer otros 35, hasta redondear un total de 170, en concepto de intereses de demora y costas. No olvida la juez que desde que se produjo la deuda han transcurrido casi dos años.

La sentencia, que ha sido recurrida inmediatamente ante la Audiencia Provincial de Madrid, contiene otra bomba de relojería: IU está obligada a pagar los 170 millones de una sola vez, ya que la juez no admite la posibilidad de establecer ningún tipo de plazos. 'Este caso es clamoroso', se queja Gaspar Llamazares, coordinador general de IU: 'El perjuicio que causa a la tercera fuerza política del país es mucho mayor que el beneficio que quiere ofrecerle a esa pequeña empresa'.

Los efectos de esta durísima sentencia no se han hecho esperar: el juzgado ya ha embargado al menos tres de las cuentas de la coalición y de ellas ha retirado unos 50 millones de pesetas. Las fuentes citadas sostienen además que la estrecha relación que ha mantenido 210 Publicidad con la coalición le hace disponer de 'información privilegiada', lo que le ha permitido llevar al juzgado directamente hasta donde IU guarda su dinero.

No obstante, los dirigentes confían en superar la dramática situación. 'Lo primero que hemos hecho', garantiza Ginés Fernández, 'es asegurar los sueldos de todos los trabajadores, que no se han visto ni se verán sometidos al embargo'. Sostiene que todos los dirigentes de la coalición han entendido rápidamente el problema y que la 'solidaridad' de la que ha hecho gala siempre el entorno de IU logrará sacarla de un pozo que ya ha visitado varias veces.

Eso, y el arte que tendrá que derrochar el equipo de Llamazares para convencer a los bancos de que sigan confiando en IU.