Los responsables judiciales de Cataluña apoyan el pacto PP-PSOE, pero lo creen insuficiente

Los responsables de las instituciones judiciales de Cataluña consideran que el pacto por la justicia firmado el pasado jueves entre el PP y el PSOE es un acuerdo positivo, pero alertan de su inconcreción y de que olvida algunas reformas muy necesarias, como la justicia municipal. El acuerdo prevé medidas llamativas, como la apertura de los juzgados por la tarde, pero difíciles de llevar a la práctica en el caso de Cataluña si las administraciones no varían los planteamientos que han defendido hasta ahora, pues la Generalitat se niega a ampliar la plantilla de funcionarios.

Guillem Vidal, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, opina que el pacto por la justicia es positivo por cuatro motivos. 'Por primera vez hay un Ministerio de Justicia de un Gobierno del PP activo y dialogante y una oposición responsable que ha sabido negociar. Además, se dice de forma reiterada que la justicia es un servicio público que tiene al ciudadano como destinatario y se le destina una partida de 250.000 millones de pesetas para hacerlo posible'. Pero, a renglón seguido, Vidal muestra también sus reservas por la inconcreción del pacto. 'Se ha puesto la primera piedra de un edificio, pero falta ver cómo queda, porque a mí no me gusta comprar sobre plano, que es lo que a veces se nos exige'. Entre esas reservas, Vidal recuerda que no se concreta el aumento de competencias para los tribunales superiores de justicia. 'Lo deseable sería que fuesen competencias en materia civil y penal, y no residuales como hasta ahora', asegura el presidente del TSJC, quien siempre ha defendido que el Tribunal Supremo quede únicamente para unificación de doctrina.

El consejero de Justicia de la Generalitat, Josep Guàrdia, defiende también esta posición y reclama que el TSJC sea la última instancia en materia civil y penal, algo que no prevé el pacto firmado esta semana. Tampoco se recoge una descentralización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de forma que cualquier sanción a cualquier juez de España, por leve que sea, la seguirá adoptando ese organismo. Lo deseable, según Vidal y Guàrdia, sería que se potenciaran las salas de gobierno de los tribunales superiores y se incluyeran juristas de todos los ámbitos, como ocurre en el CGPJ.

Guillem Vidal, al igual que el juez decano de Barcelona, Joaquim Bayo, considera que la reforma prevista de la Ley Orgánica del Poder Judicial debería aprovecharse para impulsar la justicia de proximidad, prevista en la Carta Municipal de Barcelona, pero no en el acuerdo PP-PSOE. La fórmula pactada es la creación de un juzgado de lo civil que estaría por encima de los juzgados de primera instancia. 'Si lo que se quiere es acercar la justicia al ciudadano, ésa la mejor fórmula', afirmó el juez decano. En su opinión, lo mejor sería crear juzgados de barrio en los que se resolvieran la mayoría de los pleitos menores de todos los ámbitos (civiles, penales e incluso contenicosos administrativos), que son los que generan más diligencias en los juzgados.

La opinión es compartida también por Enric Leira, decano en funciones del Colegio de Abogados de Barcelona. A su juicio, el pacto 'ha quedado corto porque es inconcreto' y porque, por ejemplo, no se habla explícitamente de regular en el futuro el acceso de la abogacía a la profesión. Leira cree que el pacto debería ser suscrito por otras fuerzas políticas y pide que durante la modificación de las leyes se escuche a todos los profesionales relacionados con la justicia.

Uno de los aspectos más novedosos del pacto es la apertura de los juzgados por la tarde. El juez decano de Barcelona y el presidente del TSJC opinan que esta medida no será la panacea y que no debe olvidarse que el juez emplea las tardes para dictar sentencias, por lo que la salida lógica sería ampliar la ya escasa plantilla de jueces. Al margen de esto, la apertura de los juzgados plantea un problema de personal que en Cataluña no se sabe cómo se resolverá. La Generalitat, de la que dependen los funcionarios, es reacia a ampliar las plantillas, y el juez decano recuerda que desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha venido reclamando, sin éxito, más personal para poder tramitar las citaciones. El consejero cree que la solución es que los funcionarios dejen de ser un cuerpo nacional y la Generalitat tenga plenas competencias sobre ellos. De esa manera, dice, se mejoraría el servicio sin un coste tan excesivo. En cuanto a la apertura de los juzgados por las tardes, Guàrdia opina que 'podría ocurrir como en los hospitales, que funcionan todo el día al margen de que el cirujano [en alusión al juez[ esté operando'.