El agua es la sangre de la tierra

Agua y civilización han ido entrelazadas a lo largo de la historia. La península Ibérica es un ejemplo especial de ello y todos los pueblos que aquí convivieron han dejado huellas sobradas de la importancia de este elemento indispensable para la vida. Javier de Burgos, en su Instrucción de 1833, afirmaba que el agua es la sangre de la tierra y los canales de riego la vida de los campos. Joaquín Costa vinculó el agua con la riqueza, el desarrollo nacional, la democracia y el avance social, convencido de que en las obras hidráulicas (es decir, en su concepción de la gestión del agua), estaba la posible redención económica y social de España.

El 31 de mayo de 1933, Indalecio Prieto presentaba en las Cortes un Plan de Obras Hidráulicas y expresaba su aspiración de que el magno problema del agua atrajera la atención de la opinión pública y la convergencia de juicios de mayor número posible de órganos directores de la economía y de la ciencia españolas porque 'nada más lamentablemente estéril que atalayarlo desde el mezquino montículo que puede levantar la bandería política. Estamos ante una obra nacional para cuyo ordenado acometimiento se necesita la patriótica cooperación de todos'.

¿Cómo se puede llamar Plan Hidrológico a uno que no establece la eliminación de vertidos?

Frente a aquellas hondas preocupaciones de nuestros antepasados, el Gobierno del señor Aznar, en palabras del señor Cañete, lo reduce a una cuestión de testículos o a la cuartelera expresión de que el Plan Hidrológico Nacional atravesará las Cortes como un paseo militar. Así pasó por el Congreso y ahora niegan incluso la posibilidad de un debate en el Senado. El Gobierno prefiere atalayarse en la soberbia y la altanería propia de los que se creen en posesión de la verdad por tener una mayoría absoluta en el Parlamento. Disponen de ella, cierto, pero carecen del necesario respaldo social. Este Gobierno no entiende que nunca podrá sacar un Plan Hidrológico contra un número significativo de comunidades autónomas, de partidos políticos o contra más de 400 organizaciones sociales, sindicatos y ecologistas.

Los socialistas no queremos que el plan nazca muerto, sino vivo, y para ello creemos que sólo hay un camino: el consenso, que nosotros ofrecemos. De no ser así, no resolveremos los problemas hídricos. Ni siquiera los más graves, ni los de Levante, ni los del resto de España, que son problemas de cantidad de agua disponible, pero también, y cada vez más, de calidad de las aguas (superficiales y subterráneas), aunque a ello casi no le dedique atención el plan que ofrece el Gobierno. El documento más antiguo sobre aguas que se conserva del antiguo Reino de Valencia, fechado en 1223, trata de un pleito que finalizó 'haciendo concordia' entre dos alquerías que disputaban agua.

El plan del señor Aznar tiene un enfoque meramente hidráulico, que es el arte de conducir, contener, elevar y aprovechar las aguas. Nuestro país necesita una visión más moderna y amplia, un enfoque hidrológico. Es decir, reconocer que el agua no sólo se transporta, sino que debe ahorrarse, reciclarse y puede desalinarze o depurarse para su reutilización. Necesitamos poner más el acento en el conocimiento del territorio que en la capacidad de construir infraestructuras; en la calidad de los recursos hídricos que en la cantidad; en el mejor uso de los recursos existentes que en la captación de nuevos recursos. En suma, una nueva cultura del agua, que no se refleja en el plan que ofrece el Gobierno.

Los socialistas ofrecemos una alternativa que contiene un enfoque dinámico, no estático, vinculada a los avances y nuevas posibilidades tecnológicas, en dirección hacia las mayores preocupaciones ambientales, con una mayor atención a los equilibrios de desarrollo territorial, aprendiendo de experiencias fracasadas, aquí y fuera de aquí y atendiendo a las políticas de la Unión Europea. El plan mal llamado hidrológico del Gobierno considera el agua sólo como un mero bien al servicio de la producción, minusvalorando las connotaciones sociales, culturales, emocionales, ambientales y estéticas de nuestros ríos. Es decir, tiene en poca consideración la función ambiental y social del agua.

Mejorar la gestión del agua supone situar como objetivo principal una gestión integral en la que la eficiencia, el ahorro, el uso de las tecnologías cada vez más avanzadas y la preservación de nuestros ecosistemas permitan obtener un agua de mejor calidad y suficiente para atender las necesidades existentes. ¿Dónde están estos objetivos en el plan gubernamental? ¿Cómo se puede llamar Plan Hidrológico a uno que no establece ningún plan de eliminación de vertidos? Es de general conocimiento que la contaminación de las aguas es el factor de mayor influencia en lo que a la pérdida del recurso agua se refiere. Los estudios más importantes sobre este tema realizados por expertos mundialmente reconocidos aseguran que la lucha contra la contaminación ofrece posibilidades mayores de aumentar la disponibilidad del agua más que a través de la construcción de nuevas infraestructuras.

Los socialistas apostamos también con contundencia por poner orden en el caos de la Administración hidráulica. Queremos establecer actuaciones que faciliten la reordenación de los derechos del agua. Nuestro objetivo principal es el de fomentar un uso mucho más eficiente del agua, y para ello, ante todo, hay que conocer con rigor cuánta agua se utiliza y cuánta es efectivamente necesaria para cada uso, así como los auténticos requerimientos de caudal ambiental en cada río -desconocidos por completo en estos momentos, a tenor del contenido de los planes de cuenca vigentes-. Según el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Agricultura, en España sólo el 10% de los regadíos pueden considerarse eficientes, y, además, se desaprovechan casi 5.000 hectómetros cúbicos exclusivamente por pérdidas en las infraestructuras agrarias.

Proponemos la creación de bancos públicos de agua, para aflorar las numerosas operaciones potenciales de reasignación de usos del agua en toda España, que contribuirían a reducir los déficit existentes. Ofrecemos agotar todas las posibilidades para evitar la conflictividad y los impactos ambientales negativos que genera un trasvase. Sin descartarlos, los socialistas creemos que los trasvases deben plantearse como última solución, una vez constatada la insuficiencia de todas las demás posibilidades de obtención de agua dentro de la propia cuenca. Para ello planteamos la necesidad de promover el consenso entre el Gobierno y las comunidades autónomas, en un foro adecuado al Estado de las autonomías, una conferencia sectorial de política del agua. Consenso que sólo puede basarse en la certeza de que el Gobierno propone una opción racional y viable desde el punto de vista económico, ambiental, técnico y social. El trasvase que propone el Gobierno no cumple ninguno de esos requisitos.

El Gobierno se ha olvidado de los efectos del cambio climático sobre el caudal de nuestros ríos; ignora la legislación comunitaria sobre gestión del agua y elude cualquier estudio sobre evaluación estratégica ambiental. Los socialistas, por el contrario, nos hemos ocupado en nuestro plan de los efectos del cambio climático, hemos adaptado nuestras propuestas a la directiva marco de la Unión Europea, y queremos que el Plan Hidrológico Nacional contemple la evaluación del impacto ambiental del conjunto de sus actuaciones. El plan del Gobierno es caro. Sólo el trasvase del Ebro costará, según los cálculos del propio ministerio, 700.000 millones de pesetas. Las alternativas del Grupo Socialista a ese trasvase se pueden financiar con 415.000 millones de pesetas. El Plan del Gobierno supone que Murcia y Almería deberán esperar mas de 10 años para ver resueltas sus necesidades de agua. Los socialistas no queremos esperar una década. Sabemos que se pueden resolver los problemas de agua de Murcia y Almería de manera más inmediata. Y finalmente, el Plan del Gobierno lejos de vertebrar nuestro Estado autonómico, conduce al enfrentamiento entre distintas comunidades autónomas. No une, separa. No integra, divide. Y un Plan Hidrológico Nacional en la España autonómica, sin consenso social, está destinado al fracaso.

Para llevar adelante el plan que necesita España es preciso, como dijera Prieto, conquistar la voluntad de todos, ganar el espíritu de todos, lograr la convicción de todos, porque este género de empresas no pueden constituir una bandera política, un gallardete político, sino un empeño común. En el Museo del Louvre se guarda un ancla persa que dice: 'No apartes el agua, ni la jurisdicción de un hombre de calidad, de la tierra de tus antepasados: una ha hecho los canales, el otro ha nutrido las almas'. Agua y jurisdicción de hombres (y mujeres) de calidad, es decir, jurisdicción ejercida con espíritu de justicia, se asocian directamente. El agua debe ser objeto de jurisdicción y requiere ser regulada con justicia. En el plan del Gobierno ni hay adecuada regulación (jurisdicción), ni se reparte con justicia.

Jesús Caldera es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.