Díaz Alperi se escuda en la falta de datos para no condenar el incidente

El alcalde de Alicante, el popular Luis Díaz Alperi, declaró ayer por la tarde a EL PAÍS que desconocía la irrupción de la policía en el hotel de Tabarca para prohibir la rueda de prensa de los socialistas, y se escudó en la falta de datos para no condenar el incidente. El alcalde, no obstante, aseguró que de su equipo de gobierno no partió orden alguna para impedir el acto en el establecimiento público tabarquino.

Tras el incidente y ya con los ánimos más calmados, uno de los concesionarios del establecimiento municipal adujo que 'el hotel hubiera estado encantado' de ceder sus instalaciones a los parlamentarios y ediles socialistas si éstos hubieran pedido permiso para celebrar en ellas la rueda de prensa.

El portavoz del PSPV en el Consistorio, José Antonio Pina, replicó que la Casa del Gobernador (nombre del hotel) es de titularidad municipal y no creyó precisa una autorización previa. Para el síndic portavoz del PSPV en las Cortes, Joaquim Puig, los hechos constituyen 'una bofetada a los representantes del pueblo', y anunció que interpondrá quejas en el Ayuntamiento de Alicante y en las Cortes.

Salvem Tabarca

aseguró que el boicoteo al acto no fue casual. 'Estaba premeditado, porque sabían que íbamos a venir', indicó una portavoz de la plataforma. El parlamentario Francisco Pérez Baldó calificó lo ocurrido como 'otro paso más en el historial de déficit de las libertades que promueve el PP'. 'Por lo visto alguien ha dado orden de que a los representantes del pueblo no se nos permita hablar', indicó el diputado, quien añadió: 'Hemos tenido que recordarle a la policía municipal que somos representantes del pueblo y que ellos están ahí para protegernos a nosotros'.

Por otro lado, Puig denunció el estado de abandono de la isla, declarada bien de interés cultural. 'Se gasta [el gobierno del PP] miles de millones en recrear la historia [en alusión a Terra Mítica] y al mismo tiempo deja morir la historia', comentó.

Ayer, por otra parte, continuaban las obras de construcción de un grupo de viviendas en la isla pese a las órdenes de paralización dictadas por el director general de Obras Públicas.