El PSOE tacha de 'demagógica' la idea del Ejecutivo regional de primar a las empresas con menos accidentes

La propuesta del presidente Alberto Ruiz-Gallardón de utilizar los índices de siniestralidad laboral para primar o 'castigar' a las empresas en los contratos públicos es 'demagógica' e imposible de llevar a cabo, según el PSOE. Los socialistas esgrimieron ayer como prueba que hace un año, y ante una petición de este grupo en la Asamblea, la Consejería de Economía confesó que 'el sistema de tratamiento informático' no permitía obtener estos datos.

En septiembre de 1999, el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo solicitó a la Consejería de Economía que se le sumistrara información sobre empresas que habían sido sancionadas por infracciones graves en materia de seguridad y salud, profesional o integración laboral de minusválidos. Su intención era ver si esas sociedades estaban trabajando para la Comunidad, algo que prohíbe el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Seis meses tardó en llegar la respuesta. La Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, en un escrito remitido a la Asamblea, decía: 'Dado el sistema de tratamiento informático de estos expedientes, no resulta posible obtener todos los datos acerca de las sanciones que se solicitan en la petición de información'. La misma nota precisaba que se remitía, no obstante, el listado de todos los expedientes sancionadores, en los que no se incluía, sin embargo, la gravedad de la sanción.

Las recientes afirmaciones de Ruiz-Gallardón, efectuadas tras el último Consejo de Gobierno, en las que advertía de que serían primadas en los contratos de la Comunidad las empresas con menor índice de siniestralidad laboral, son para el PSOE 'un acto más de demagogia'. 'Si la consejería es incapaz de cruzar la información y determinar qué empresas han sido sancionadas por infracciones graves y, en consecuencia, no pueden acceder a contratos públicos, ¿cómo es posible que Ruiz-Gallardón hable de llevar adelante un plan como ése? Si no es capaz de saber la gravedad de las sanciones, ¿cómo va a conocer los índices?, se preguntan desde el PSOE.

El socialista Antonio Fernández Gordillo explicó que, según sus datos, no parece probable que la situación haya cambiado desde que él pidiera aquella información sobre empresas sancionadas. EL PAÍS intentó ayer sin éxito recabar información de la Dirección General de Trabajo tanto sobre si la situación de los 'tratamientos informáticos' era la misma que hace un año como sobre si existía algún sistema que permitiera establecer automáticamente el cruce de datos para discriminar a unas empresas u otras.