La Ley del Suelo permitirá a la Junta paralizar obras ilegales si existe 'inactividad municipal'

'La ley establece los grandes asuntos urbanísticos en los que la Junta no puede dejar de actuar ante la inactividad municipal', explicó la directora general de Ordenación del Territorio, Josefina Cruz. Entre estos grandes asuntos que motivarían la intervención de Obras Públicas se incluyen 'la actividad que se realice sin instrumento de planeamiento preciso para su legitimación, las parcelaciones ilegales en suelos no urbanizables y cuando se afecte a suelo no urbanizable de especial protección, a bienes o espacios catalogados o a zonas verdes y espacios libres', detalló la consejera de Obras Públicas.

Todos estos supuestos de intervención se contemplan en el anteproyecto de Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, conocida también como Ley del Suelo, cuyos aspectos más relevantes fueron presentados ayer en conferencia de prensa por Gutiérrez y Cruz. El texto, que presenta algunas modificaciones respecto al que elaboró el equipo de Francisco Vallejo (anterior titular de Obras Públicas) al final de la pasada legislatura, será remitido hoy al Consejo Económico y Social y al Consejo Andaluz de Municipios. 'Una vez vistos sus informes, lo enviaremos a Consejo de Gobierno', indicó la consejera, quien calculó que la Junta remitirá el proyecto de ley al Parlamento en un mes.

'Lo que hace la ley es dotar a la Administración de suficientes instrumentos para desarrollar su labor inspectora', afirmó Gutiérrez. A preguntas de los periodistas, eludió precisar si la ley habría permitido a la Junta intervenir en casos como el del Ayuntamiento de Marbella, donde, sólo desde febrero, Obras Públicas ha remitido a la fiscalía 53 expedientes sobre licencias concedidas por el equipo de gobierno de Jesús Gil por supuestos delitos urbanísticos. 'Es una norma diseñada para toda la comunidad autónoma', fue la respuesta de la consejera.

Hasta ahora, aunque el Gobierno andaluz tiene la última palabra en la ordenación urbanística y debe salvaguardar su legalidad, apenas tiene margen de maniobra para actuar administrativamente, una posibilidad que, en la práctica, sólo pueden ejercer los Ayuntamientos. Y cuando hay pasividad municipal ante graves infracciones urbanística sólo queda el largo y complejo camino de los tribunales.

Al incluir los supuestos en los que la Junta puede actuar, la ley del Suelo facilita la actividad de los servicios inspectores de Obras Públicas. La nueva norma sustituiría a la ley de 1997 que fue paralizada por el Tribunal Constitucional; durante este tiempo, la actividad urbanística de la comunidad ha sido regulada por una ley-puente, aprobada en 1998 por el Parlamento para durar, en principio, sólo un año.

Respecto al proyecto elaborado en la anterior legislatura se mantiene la creación de la figura del 'agente urbanizador', con la que se posibilita que estos agentes soliciten a los Ayuntamientos la convocatoria de concursos públicos para asignar la urbanización de suelos ante la 'inactividad' de los propietarios. Si la oferta en concurso público está apoyada por más de la mitad de los propietarios de un solar, entonces la Administración 'estudiará preferentemente' esa opción. En este caso, se compensará a los propietarios que no acepten la oferta con suelos o una contraprestación económica.

El texto presentado ayer por Gutiérrez incorpora dos nuevos agentes, el 'edificador' y el rehabilitador', que permitirán mecanismos similares para poner en mercado solares urbanos. En estos casos, ante una petición de alguno de estos agentes (que también puede ser la empresa autonómica EPSA), la Administración sacará a concurso público la edificación o rehabilitación de un solar, si en el plazo de un año no hay acuerdo entre los propietarios y los promotores inmobiliarios.

100 metros en el litoral

'Queremos dinamizar la ejecución de los planes urbanísticos en suelos ya urbanos que no salen a mercado', indicó la consejera de Obras Públicas, quien negó que en estos casos vaya a haber expropiaciones. La ley forzará al propietario a aceptar la mejor oferta de promotores inmobiliarios. Gutiérrez destacó también que la ley exigirá en los planeamientos urbanísticos medidas para la protección de la costa. La Ley del Suelo sólo permitirá 'espacios libres de uso y disfrute público' en los 100 primeros metros del litoral (la Ley de Costa sólo impide usos residenciales) y obligará a diseñar una normativa específica para la 'zona de influencia' (500 metros como mínimo desde la ribera del mar).

En el anteproyecto de ley se mantienen la creación de los patrimonios municipales de suelo a partir de la cesión, por parte de las empresas, del 10% del suelo urbanizado de sus promociones, y también se incluyen el patrimonio autonómico del suelo, que se nutrirá de cesiones municipales y de adquisiciones en el mercado. Estos fondos de suelo permitirán a las Administraciones disponer de terrenos para 'promociones de viviendas de protección pública y para la rehabilitación de zonas degradadas'.