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El Defensor del Pueblo plantea al Gobierno una regularización especial de inmigrantes en Madrid

El borrador sobre el que se trabaja incluye la paralización de las expulsiones de extranjeros

Hoy se reunirán en Madrid por cuarta vez la coordinadora de inmigrantes que representa a los encerrados en esta Comunidad, la Delegación del Gobierno y la Oficina del Defensor del Pueblo para avanzar en la negociación, comenzada el 19 de abril, que trata la regularización de todos los inmigrantes de Madrid mediante la revisión generosa de expedientes y por causas humanitarias. Y esto, tres días después de que el Delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda anunciase en Barcelona que 'no hay ni habrá ningún proceso nuevo de regularización'.

Tras una oferta inicial de los inmigrantes contestada por una contraoferta de la Delegación inspirada en el acuerdo de Valencia, en la reunión del pasado lunes, la Oficina del Defensor presentó un borrador de acuerdo sobre el que se está trabajando el convenio definitivo. La existencia de este borrador y su autoría han sido reconocidas por la Coordinadora. La Oficina del Defensor y la Delegación del Gobierno prefieren no hacer comentarios hasta el fin de la negociación.

Desde SOS Racismo, una de las cinco ONG que forman la Coordinadora, se advierte de que, 'aunque claramente éste es el texto base, las negociaciones aún están empezando, por lo que al final puede haber cambios sustanciales'. Sólo en la reunión del pasado lunes, que duró cerca de tres horas y media, se lograron 'grandes avances', según los inmigrantes.

El borrador comienza con dos folios en los que el Defensor advierte a las partes del escaso valor jurídico del mismo: 'Las partes negociadoras acuden con condicionantes sobre su propia capacidad de discusión. También la labor de esta institución y de otras análogas que han intervenido en estos procesos resulta hasta cierto punto informal, en la frontera de sus propias atribuciones'. Y continúa: '[El acuerdo] jurídicamente carece de cobertura legal suficiente, por lo que su desarrollo y cumplimiento depende únicamente de la buena voluntad de las partes, lo que hace inútil incluir excesivos mandatos taxativos o garantías formales'. Finaliza reconociendo que el convenio 'no varía la posición jurídica de nadie ni genera expectativas jurídicas de ningún tipo'.

SOS Racismo reconoce esta carencia: 'Es sólo un compromiso, pero es lo único que podemos sacar de la Administración'. En cuanto a las acusaciones de partidos políticos como el PSOE, que ha advertido reiteradamente de que estas medidas son sólo parches que intentan paliar los fallos de la Ley de Extranjería, y de otras ONG, aclaran: 'Claro que es un parche, y nosotros mismos, en cuanto consigamos este acuerdo, volveremos a la calle a luchar por una regularización general, pero a diferencia de asociaciones que critican los acuerdos y no hacen nada, nosotros estamos buscando soluciones para los inmigrantes que están en Madrid.

Lo que sigue son los puntos del futuro acuerdo, según el borrador que está discutiéndose:

- Fecha límite. 'Esta institución valora la necesidad de agilizar el ritmo de las conversaciones y propone' como fecha límite el 4 de junio para 'alcanzar un acuerdo o desistir'. Esta propuesta es respaldada por los inmigrantes, pues los encerrados 'se encuentran en una mala situación que no puede prolongarse'.

- Razones humanitarias. Se plantea la regularización mediante la revisión de las solicitudes archivadas y denegadas en el proceso que abrió la Ley de Extranjería, y mediante la aplicación del artículo 31.4 -razones humanitarias y de arraigo- a quienes, aun sin papeles, tengan una oferta de trabajo y puedan acreditar su estancia en la Comunidad de Madrid antes del 23 de enero pasado. Estas revisiones se harán con la 'máxima amplitud'.

- Antes del 1 de mayo. También se podrían acoger al acuerdo, si la Delegación aceptase este punto, algo que SOS Racismo no se ve fácil, todos los inmigrantes que, cumpliendo los requisitos, provengan de otra comunidad y puedan demostrar que están en Madrid desde el 1 de mayo.

- Expulsiones paralizadas. 'Hasta que no hayan concluido los procesos de regularización, no se tramitarán expedientes de expulsión, siempre que las personas no estén incursas en actividades delictivas ni tengan un proceso penal en curso. Tampoco se expulsará a los encartados por falsificación de documentos relacionados con la regularización hasta que no haya sentencia firme'.

- Recogida de documentación. Las ONG, para evitar el desbordamiento de la Administración, participarán en la entrega y recogida de solicitudes, proceso para el que habría dos meses de plazo.

- Seguimiento. En caso de alcanzarse un acuerdo, el Defensor haría una labor de seguimiento 'con reuniones periódicas mensuales' e intentaría mejorar la tramitación para que los regularizados obtengan de la Comunidad el salario de integración.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 28 de mayo de 2001