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LA SITUACIÓN EN EL PAÍS VASCO

Víctimas del Terrorismo se plantea denunciar a Anasagasti

El Colectivo de Víctimas del terrorismo del País Vasco (Covite) ha pedido a sus abogados que estudien el inicio de acciones legales contra el portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, por unas declaraciones publicadas en un semanario mexicano en las que, entre otras cosas, afirmaba que asociaciones pacifistas del tipo de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Foro Ermua, Foro El Salvador o ¡Basta Ya!, están financiadas por 'los fondos reservados' y el 'fondo de reptiles' del Gobierno o por el PP.

Teresa Díaz Bada, presidenta de Covite, considera estas afirmaciones 'absolutamente falsas y difamatorias' ya que el colectivo se sustenta económicamente con las cuota de sus socios. Díaz Bada ve en estas acusaciones 'un delito contra el honor y el buen nombre del colectivo', según declaró aayer a Radio Nacional, y añadió que el dirigente nacionalista ha 'victimizado' de nuevo a las víctimas, 'además de ponernos en el punto de mira de ETA'. Ante la intención de Covite, Anasagasti señaló: 'Que hagan lo que crean conveniente. Yo me sigo ratificando en que todos estos colectivos, puestos en pie de guerra en un momento determinado, no lo han hecho para combatir a ETA, sino al nacionalismo. Lo que pedimos es que bajen el pistón', al tiempo que matizaba: 'No era una acusación porque no dispongo de pruebas'.

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En la citada entrevista a la publicación mexicana, el portavoz parlamentario del PNV aconsejaba también 'desactivar' las asociaciones en defensa de la paz que han surgido en el último año y medio porque se han creado, según él, para 'arremeter contra el nacionalismo. Y afirmó que en el País Vasco sólo existen dos organizaciones pacifistas: Gesto por la Paz y Elkarri. Ayer insistió: 'Y, de la noche a la mañana, han aparecido otras'.

Por su parte, el ministro del Interior, Mariano Rajoy, anunció ayer que acudirá al Congreso para desmentir que se haya financiado de forma irregular a los colectivos pacifistas vascos, en tanto el PP y el PSOE acordaron, durante sus conversaciones sobre el Pacto por las Libertades, impulsar la creación de una Fundación de Ayuda para estas víctimas.

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