La muerte de una española en Lisboa sigue bajo secreto judicial un año después

Para sorpresa de la familia de Esther Ramos, António Guterres ha reconocido que 'los criminales están identificados, son ciudadanos extranjeros [caboverdianos, según la policía] que se encuentran fuera del territorio nacional' y su búsqueda está requiriendo 'delicadas' operaciones diplomáticas. Nada se ha dicho de los instigadores del ataque, y el abogado de los padres de Esther no ha tenido siquiera acceso al sumario porque el caso aún se encuentra bajo secreto judicial. La lentitud del sistema portugués le impide conocer los datos básicos del proceso y ni siquiera puede presentar una reclamación contra la discoteca 'por incumplimiento de las normas de seguridad'.

Esther llegó a Lisboa para pasar un fin de semana con dos amigos. Allí se citaron con otra compañera y su novio, J. S., de 24 años, residente en la ciudad. Todos se fueron de marcha por diversos locales hasta acabar en Luanda, la discoteca angoleña que en pocos meses había arrebatado la clientela a otro templo de la movida africana, dirigida por caboverdianos. J. S. explica que llegaron al local alrededor de las cuatro de la mañana: 'Al llegar a la primera barra, comenzaron a llorarnos los ojos y sentimos que no podíamos respirar. Inmediatamente nos volvimos hacia la puerta principal. Allí se formó una gran avalancha. Caíamos unos encima de otros. Fueron 10 o 15 minutos terribles. Mi novia y yo quedamos atrapados de cintura para abajo, y los porteros nos fueron sacando poco a poco'.

Se encontraron a la salida, a excepción de Esther. Regresaron a buscarla, pero ya se encontraba en muy mal estado. Murió en los brazos de sus amigos.

La policía sostiene que al menos fueron cuatro los caboverdianos que apagaron las luces de la discoteca y lanzaron los gases tóxicos en el centro de la pista. El ataque, supuestamente con la intención de asustar a la clientela y vaciar la sala, se convirtió en una auténtica tragedia. Los cuatro sospechosos se encuentran identificados pero lograron burlar el cerco policial, se trasladaron a España y de allí se refugiaron en su país, sin convenio de extradición con Portugal, su antigua metrópoli.

El abogado de los padres de Esther, Paulo Borges de Almeida, se queja de que la lentitud de la justicia es la regla y no la excepción en Portugal. Pero va más allá. 'Hasta el primer ministro sabe más del caso que yo. Creo que sus declaraciones constituyen una clara violación del secreto de la justicia', afirma.