Un objetor sevillano se enfrenta al último juicio por insumisión en España

Falcón cometió el supuesto delito en 1995, cuando se negó a cumplir la Prestación Social Sustitutoria que le correspondía en su condición de objetor de conciencia. Su entorno familiar y social vio su actitud como algo natural. 'Nadie lo considera un delito. Siempre me han aplaudido', afirma el insumiso.

Aquellos hechos ocurrieron con el antiguo Código Penal vigente, que los castigaba con una pena de prisión de entre dos años, cuatro meses y un día y cuatro años, dos meses y un día.

El código actual prevé una pena de inhabilitación especial de cuatro años, que impide al condenado elegir ni ser elegido en cualquier convocatoria electoral, acceder a puestos de funcionario o empleos públicos, o recibir becas, ayudas o subvenciones del Estado. La normativa transitoria permite al acusado que elija aquella normativa que le resulte más beneficiosa. La fiscalía ha dado por supuesto que Falcón preferiría la inhabilitación y ésa es la pena que solicita para el insumiso en su escrito de acusación, pero éste explicó ayer que pedirá al juez que le juzgue conforme al Código Penal antiguo.

'La inhabilitación es más cruel que la prisión. Supone una auténtica muerte civil, y enmascara la situación vergonzante que supone condenar a un insumiso', aseguró Falcón ayer en el Ayuntamiento de Sevilla, invitado por el grupo municipal de Izquierda Unida, formación de la que él es afiliado.

Pena de cárcel

El abogado defensor, Rafael Ibáñez, habitual representante de insumisos y colaborador del movimiento de objeción de conciencia en España, confía en que la fiscalía no se atreva a pedir pena de cárcel para Falcón y retire la acusación. En el caso de que el fiscal siga adelante, todavía confía Ibáñez en que el juez archive la causa antes que mandar al insumiso a la cárcel por un delito que ya no existe.

Ibáñez ironiza sobre el retraso que ha sufrido la instrucción del caso de Rafael Falcón, que ha durado seis años. 'Rafa es la primera víctima conocida del vertido de Aznalcóllar'. Lo dice, medio en serio, medio en broma, porque el juzgado de Sanlúcar la Mayor, el que ha investigado el desastre ecológico del río Guadiamar, es el mismo que ha tenido aparcada la historia de Falcón durante años.

Tras la incorporación a los cuarteles en marzo de los últimos reclutas, y de los últimos objetores de conciencia a sus puestos en la Prestación Social Sustitutoria, nadie puede ya cometer el delito por el que se juzga a Rafael Falcón. 'El PP se empeña en mantener esta anomalía técnica hasta que en diciembre de este año salgan los últimos mozos de los cuarteles. Pero es una situación legal esperpéntica', lamentaba ayer Ibáñez.

El Partido Popular ha rechazado recientemente una moción en el Senado que pedía la abolición de ese delito. El mismo martes, IU presentará una iniciativa similar en el Congreso de los Diputados. Ese día, Falcón sentirá aún más cercano el apoyo de sus compañeros políticos e ideológicos. El coordinador de la coalición en Andalucía, Diego Valderas, es uno de los testigos que Ibáñez llamará el martes durante el juicio. El alcalde de Umbrete, pueblo natal de Falcón, también testificará a su favor.

Además, las asociaciones y colectivos que apoyan a Rafael Falcón han convocado una concentración en el Prado de San Sebastián, a las puertas de los juzgados de lo penal. En el número 11, a las 9.30, comenzará el último juicio por insumisión en España.