Dos acusados de homicidio pagan 11 millones y eluden ir a prisión

Los dos jóvenes acusados de matar a un hombre a golpes y pedradas en la playa de San Juan de Alicante no ingresarán en prisión. La defensa alcanzó ayer un acuerdo con la acusación particular y el fiscal por el que los procesados eluden la cárcel a cambio de indemnizar a la familia con 11 millones de pesetas. El pacto abortó la repetición de la vista oral del caso. Los acusados fueron juzgados en junio de 1999, aunque el tribunal se inhibió a última hora a raíz de una nueva calificación del fiscal.

Los procesados Normando G. y Pablo L. están acusados de matar a golpes y a pedradas a Raúl Ferrer, de 34 años, el 28 de agosto de 1998. La víctima, que padecía una cirrosis aguda, falleció a las 12 horas de la agresión, mientras era intervenido de una hemorragia hepática, producto de uno de los golpes que recibió, según consta en el informe forense.

Inicialmente, el ministerio público calificó los hechos como un delito de homicidio por imprudencia y solicitaba siete años de cárcel para los acusados. La acusación pública también imputó a otros dos jóvenes para quienes solicitaba cuatro años de prisión como cómplices.

De acuerdo a esta calificación la vista oral se celebró en junio de 1999. Sin embargo, en la recta final del juicio, el tribunal se declaró incompetente para seguir viendo el caso y sentenciarlo al entender que se trataba de una causa del tribunal del jurado. La inhibición de la sala se produjo a raíz del cambio de calificación de los hechos por parte del fiscal.

La acusación pública varió la calificación de homicidio por imprudencia por la de homicidio doloso, y elevó las penas de cárcel a 12 y 13 años para cada uno de los dos procesados. El ministerio público recurrió la inhibición de la sala ante el Tribunal Supremo. Este órgano dio la razón al tribunal de la Audiencia, es decir ordenó la repetición del juicio.

La segunda vista oral ni siquiera se ha llegado a celebrar a causa del acuerdo alcanzado entre las partes.

El acuerdo parte del reconocimiento de los acusados de la autoría de los hechos, y, paralelamente, de una rebaja sustancial de las penas por parte del fiscal. El ministerio público modificó, por tercera vez, la calificación y les imputó un delito de homicidio por imprudencia, y otro de lesiones.

Por ambos delitos, el fiscal solicita penas que no superan los dos años de cárcel, extremo que en virtud de la ley vigente y al carecer los procesados de antecedentes penales les libera de su ingreso en prisión.

La defensa también llegó a un acuerdo con la acusación particular que incluye el pago conjunto de una indemnización de 11 millones de pesetas para la familia de la víctima. Las cantidades las abonarán los padres de los procesados, dado el estado de insolvencia económica de éstos.

Los acusados confirmaron que en las horas previas a la pelea bebieron alcohol en la zona conocida como La Calita, en la playa de San Juan. La pelea se desencadenó después de que los agresores se burlaran de la víctima. Del enfrentamiento verbal se pasó a los golpes. Atacaron a la víctima a puñetazos, y le lanzaron piedras, que le ocasionaron la muerte.