El Gobierno admite que el trabajo de un ex alto cargo puede violar la ley

Para sorpresa de la oposición, convencida de que Posada negaría absolutamente todo, el ministro relató ayer durante una comparecencia en el Congreso solicitada por IU que, tras las denuncias aparecidas en la prensa, la Dirección General de la Inspección analizó el caso y descubrió que Escartín violó el artículo 2.4 de la Ley de Incompatibilidades de altos cargos, de 1995. En él se dice: 'Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo'.

Escartín fichó en septiembre de 2000 por ACS como responsable de contratación. Sólo tres meses antes había participado en la adjudicación a una unión temporal de empresas, en la que estaba esa constructora, de las obras del recrecimiento del embalse de Yesa. Cuando Escartín decidió dejar la administración para pasar a la constructora nadie le puso ninguna objeción, según relató Posada. Pero en marzo, cuando se publicó la denuncia de IU, la Inspección pidió los datos a Medio Ambiente y éste reconoció que el ex director de Obras Hidráulicas había dictado 'varias resoluciones en relación con la citada empresa'.

Anular el contrato

Posada, en cualquier caso, no dio el incumplimiento por definitivo. Anunció que ya ha pedido un informe a los servicios jurídicos del ministerio. Si los resultados coinciden con la tesis de la inspección, el ministro aseguró que pedirá a Escartín que anule su contrato porque, en caso contrario, le abrirá un expediente sancionador.

Presentación Urán, la diputada de IU encargada de enfrentarse ayer al ministro, estaba muy satisfecha del resultado de la comparecencia. La coalición dará ahora 'un margen de tiempo razonable' al ministerio para que elabore el informe jurídico. Después pedirá sus resultados y exigirá al ministro que cumpla con la palabra que dio en el Congreso y le pida a Escartín que anule su contrato con la constructora. Además, la oposición pidió la modificación de la ley para que la inspección actúe de oficio y no, como en este caso, movida por la publicación en la prensa de la noticia.

El incumplimiento del artículo 2 de la Ley 12/1995 es considerado como una falta grave o muy grave si se ha producido 'daño manifiesto' a la Administración. Pero las sanciones que la propia ley establece se limitan a la 'declaración y publicación del incumplimiento de la Ley y la publicación de esta declaración en el Boletín Oficial del Estado'. Nada dice la ley de suspensión de un contrato privado por el hecho de haber cometido una falta grave. El ministro Jesús Posada, por tanto, fue más lejos que la propia norma al anunciar que 'habrá que instar' a Carlos Escartín a que 'anule su contrato' con ACS.