El PP rechaza la elección del director de RTVE por el Parlamento
El debate deriva en un cruce de reproches sobre la campaña vasca
Grupo Mixto e IU habían presentado para su discusión ayer en el Congreso sendas proposiciones de ley para modificar la ley de enero de 1980 por la que se regula ahora la elección del director general de RTVE, en este momento Javier González Ferrari. Felipe Alcaraz y Joan Saura, el primero por IU y el segundo por Iniciativa per Catalunya, convirtieron la defensa de sus iniciativas parlamentarias en una retahíla de acusaciones contra la manipulación de RTVE al servicio del Gobierno. Y lo hicieron para concluir que el propio sistema de nombramiento del director general no propicia la neutralidad o imparcialidad.
El portavoz del PNV, Joxé Joan González de Txabarri, se sumó a todas esas condenas generales y no desaprovechó el momento para subrayar que en Euskadi el PP exigió recientemente en su Parlamento autónomo una reforma para que el director de la televisión vasca fuese nombrado por esa institución y, sin embargo, en el Congreso niega esa posibilidad para RTVE. González de Txabarri enfatizó mucho las denuncias de manipulación y de 'uso y abuso de TVE hasta extremos insospechados' durante la campaña electoral vasca.
Al portavoz de CiU, Pere Grau, no le pareció oportuna esta propuesta y sostuvo, como ha hecho su partido en Cataluña, que el Gobierno debe seguir controlando el nombramiento porque RTVE está bajo su 'única responsabilidad'. CiU votó contra ese cambio legal como hicieron el PP y sus socios de CC, que sumaron 164 diputados frente a los 114 que concitó ayer la oposición.
La discusión se encrespó cuando salieron al atril los portavoces del PSOE y del PP. El socialista Máximo Díaz Cano abundó en las críticas contra el sometimiento diario de los telediarios a la labor del Gobierno y demandó de forma 'inaplazable y prioritaria' un 'pacto de Estado para dotar a TVE de una nueva regulación y de más independencia, que sirva de referencia a las demás empresas públicas del sector'.
El diputado del PP Alejandro Ballesteros rechazó ahora esa reforma y se centró en intentar desmontar las acusaciones de manipulación, concepto que consideró 'muy subjetivo y nada jurídico', y aseguró que la oposición no había dado ningún 'dato o hecho' para sostener esa denuncia y se agarró a la elevada audiencia de los telediarios para sustentar su credibilidad.
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