Ediles socialistas ensalzan la eficacia de las videocámaras en las calles para controlar la seguridad ciudadana

Al objeto de aclarar dudas y determinar un posicionamiento sobre el polémico proyecto de instalar cámaras de vídeo en las calles del centro de Málaga para controlar la seguridad ciudadana, el PSOE local invitó ayer a una mesa redonda a los concejales de la materia en ciudades donde gobierna y en algunas de las cuales, como Santiago de Compostela y Lleida, ya funciona este sistema de vigilancia.

Y por la experiencia que relataron estos ediles, los socialistas malagueños parecen avocados a convertirse en firmes partidarios de las polémicas videocámaras que reclaman con insistencia los comerciantes. En Lleida funcionan desde hace 10 años. Se colocaron en un circuito de kilómetro y medio en el entorno de la calle Mayor, zona plagada de comercios pero deshabitada, característica que la asimila al centro de Málaga. Con las videocámaras se redujeron los robos en establecimientos un 75%, según el concejal ilerdense Luis Pedro Alonso.

Desde hace dos años, Lleida cuanta con un segundo circuito de videocámaras en una zona en rehabilitación del centro histórico, donde había un importante problema de tráfico de drogas. Alonso no encuentra motivos para la polémica -'los únicos que no están contentos son los malhechores', dice-, y recuerda que hay una normativa 'estricta' que limita el uso de las imágenes. 'Si se cumple la normativa no hay problemas con el derecho a la intimidad. A fin de cuentas las cámaras son ojos virtuales de la policía', explicó.

En Santiago de Compostela, existen desde hace año y medio seis cámaras en el centro histórico, y desde que se instalaron no ha habido ni un sólo acto punible, según su concejal de Seguridad, Carlos Nieves. En esta ciudad había un problema de vandalismo, y según el edil, al ser todas las construcciones de piedra, cualquier daño suponía un coste de reparación muy elevado por pequeño que fuera. Una unidad específica controla constantemente las imágenes. Las grabaciones deben destruirse en el plazo máximo de un mes y en caso de detectar algún posible delito deben entregarse al juez en no más de 72 horas. Según Nieves, ninguna cámara coge en su ángulo una vivienda particular.

El portavoz socialista en Málaga, Francisco Oliva, evitó sumarse al entusiasmo, y dijo que valorarán estas experiencias antes de tomar una postura. 'Hay que usar los avances tecnológicos, pero tememos que haya una colisión con el derecho a la intimidad y queremos asegurarnos de que existan todas las garantías'.