Una administrativa de la agencia cobraba mediante facturas por trabajos de tapicería
Una sentencia del Juzgado de lo Social número 21 de Madrid ha anulado el despido de la trabajadora de la Agencia Antidroga Susana F. C., que vio terminada su relación laboral con el organismo tras denunciar su situación irregular ante el sindicato CC OO.
El fallo, del 26 de enero pasado, estima probado que Susana F. C. prestó servicios, desde el 22 de junio de 1999, en la sede de la Agencia, realizando tareas administrativas y de actualización de la base de datos de drogodependientes. Estaba adscrita al Área de Evaluación e Investigación.
La trabajadora percibía, como contraprestación a sus servicios, determinadas cantidades previa presentación de facturas mensuales firmadas por ella como si impartiese cursos de formación para la Agencia. En otras ocasiones, recoge la sentencia, cobraba a través de facturas de la empresa Tapicería SFC (nombre que coincide con sus iniciales), en las que se detallaban supuestas ventas de productos como algodón, seda adamascada, visillos, cortinas y hasta una alfombra.
La sentencia explica, igualmente, que Susana F. C. denunció ante CC OO esta situación el 7 de junio de 2000. Dicha denuncia provocó una inspección laboral por parte de la Inspección de Trabajo el 30 de octubre de 2000. La Agencia negó cualquier relación contractual con Susana F. C. y limitó su trabajo en el organismo a colaboraciones puntuales. Un día más tarde, el guarda de seguridad del organismo prohibió la entrada de la mujer a su puesto de trabajo.
Ocho de las facturas que la mujer presentó para poder cobrar cada fin de mes fueron por cursos de formación: las correspondientes a los meses de junio de 1999 y abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2000. En todas ellas el concepto por el cual la mujer facturaba equivale a 'Formación impartida en la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid'. Así, durante estos meses la mujer cobró 1.014.000 pesetas.
En relación a las facturas emitidas por arreglos de tapicería, la mujer facturó un total de 1.366.398 pesetas, repartidas en cuatro facturas, dos emitidas en octubre y noviembre de 1999 y otras dos en enero y marzo de 2000.
El juez considera probado el vínculo laboral de la trabajadora con la Agencia Antidroga, y ordena en el fallo la anulación del despido y su inmediata readmisión.
