El Juez de vigilancia hace un mes que no deja salir a los presos hasta que se decide el recurso del fiscal

La práctica profesional de Alberola, según fuentes del caso, ha sido hasta hace poco más de un mes, la de conceder -en aquellos casos en los que lo ha hecho- régimen abierto aplicando el recurso del fiscal en un solo sentido. Eso significaba que el recluso obtenía el tercer grado y, con posterioridad, se tramitaba el recurso del fiscal de vigilancia penitenciaria.

Desde hace al menos un mes, el juez ha cambiado, en la mayoría de los casos, la forma de abordar las peticiones de tercer grado y deja que el recurso del fiscal se vea en un doble sentido: la concesión del tercer grado queda en suspenso hasta que se decide el recurso del ministerio público.

Fuentes del caso aseguran que la mayoría de los regímenes abiertos concedidos por el juez Alberola han sido a delincuentes profesionales, ligados al tráfico de estupefacientes y cuya defensa ejercen, entre otros, los abogados Guillermo Forteza -ex juez y procesado en 1998 como letrado por dos supuestos delitos de estafa-, Ana Estela Luna y José Luis Colomer Signes. La concesión de los regímenes abiertos ha provocado un importante malestar entre los reclusos de las cárceles de Picassent y Castellón. De hecho, y tal como se señala en la memoria fiscal de Castellón de 2001, uno de los casos más criticados por los internos de la prisión de Castellón es el de Juan García Picamán.

Juan García Picamán fue condenado por la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón el 19 de septiembre de 1998 a 15 años de prisión por un delito contra la salud pública -tráfico de 40 kilos de cocaína- y tenencia ilícita de armas.

El recluso solicitó a la Junta de Tratamiento que tramitara, el pasado año, su paso a régimen abierto. Pero tras el informe elaborado por la junta, la dirección general de Instituciones Penitenciarias -responsable de pronunciarse en primera instancia- denegó la petición. Fue entonces su abogado quien cursó la solicitud a Ernesto Alberola, juez de vigilancia penitenciaria. Y éste, a pesar de que el informe de la Junta de Tratamiento especificaba un pronóstico de reincidencia alto, mal comportamiento, inadaptabilidad y tres condenas anteriores por delitos contra la salud pública, le concedió el tercer grado el 15 de diciembre de 2000. El fiscal de vigilancia penitenciaria interpuso pocos días después un recurso que ha tardado más de tres meses en llegar a manos de la sala de la Audiencia de Castellón donde debe verse. Aunque estaba previsto para el próximo mes de julio, el fiscal jefe de Castellón redactó un escrito pidiendo su tramitación con urgencia. La respuesta al recurso se verá en los próximos días. Entre tanto, Juan García Picamán ha disfrutado más de cinco meses de régimen abierto.

Mientras, varios reclusos han remitido escritos de protesta a la fiscalía por la retirada del tercer grado tras el recurso del ministerio público. la cárcel de Picassent, un preso con larga condena por narcotráfico logró a principios de año régimen abierto -con un informe desfavorable de la Junta de Tratamiento- que sólo le permitió estar fuera de prisión 15 días. La minuta al abogado por tramitar la petición al juez Ernesto Alberola fue de casi tres millones de pesetas, cuya parte pendiente aún le reclama el letrado. También en Castellón varios reclusos que disfrutaron temporalmente de régimen abierto están otra vez entre rejas, dos de ellos defendidos, según fuentes consultadas, por Guillermo Forteza, y a quienes se les reclama igualmente la minuta.