La Comisión de Ética pide la expulsión de los dos senadores brasileños

Contra todas las previsiones de la víspera, el relator de la Comisión de Ética del Senado brasileño, Saturnino Braga, pidió ayer la pena máxima dela expulsión para los senadores Antonio Carlos Magalhães, ex presidente del Senado y uno de los políticos con mayor poder del país, y para José Roberto Arruda, ex líder del Gobierno en la Cámara.

Ambos están acusados de haber violado el secreto del voto de sus colegas el año pasado para conocer el resultado de las votaciones con motivo también de la expulsión del senador Luiz Estevão, acusado de corrupción. Según el relator, la pena pedida es la de la expulsión porque dichos senadores "quebrantaron gravemente la ética y el decoro del Senado" con su conducta. El relator les acusa no sólo de haber violado el secreto del voto sino de haberse servido del conocimiento del resultado de la votación para chantajear a algunos senadores de la oposición, así como de haber negado todo al principio y de haber confesado sólo cuando ya se vieron descubiertos.

La votación sobre la aceptación de la resolución del relator Braga tendrá lugar el miércoles próximo y será un voto a mano alzada. En el caso de que sea aceptado el voto para la expulsión de los senadores, dicha votación deberá ser secreta, algo que está creando un gran polémica ya que la opinión pública exige que los senadores se enfrenten a sus electores, que deben saber cómo se comportan en estas circunstancias. Se teme que el voto secreto se preste a compromisos políticos de última hora.

Los senadores Magalhães y Arruda, que estuvieron ayer presentes en la lectura de la relación, reaccionaron de forma diferente. Arruda salió sin decir palabra, mientras que Magalhães se demostró seguro de que los senadores "lo salvarán". Dado que al poderoso político de Bahía se le atribuyen informaciones comprometidas que podría usar contra quienes voten contra él, se entendieron sus palabras como una amenaza.

Ayer se especulaba entre los comentaristas políticos que ambos senadores, si se confirma la petición de expulsión del Senado, podrían renunciar a sus escaños antes de someterse al voto. De esta forma, estarían alejados de la política pero no perderían los derechos políticos y podrían volver a ejercerlos, cosa que no ocurriría si fueran expulsados.

Difícil encrucijada

La decisión es delicada porque, si optan por la renuncia, significaría que temen recibir del Senado un voto negativo y supondría declararse culpables; si esperan el resultado del voto y les es contrario, plantearía su definitiva muerte política. Los defensores de dichos senadores, dentro de sus respectivos partidos, acusan a la Comisión de Ética del Senado, y concretamente a su relator, de haberse dejado arrastrar por la presión de la opinión pública, que ha realizado manifestaciones callejeras en varias ciudades pidiendo la expulsión de Magalhães y Arruda.

Para el Gobierno, el tema es delicado porque el presidente, Fernando Henrique Cardoso, primero había afirmado que no iba a intervenir, pero después de que los dos senadores le ayudaran para evitar la creación de la comisión parlamentaria contra la corrupción política, se había ablandado. Pero la opinión pública dificilmente perdonaría al Gobierno una intervención, por lo menos pública, en defensa de los senadores.