La SEPI y los socios españoles de Iberia buscan un árbitro para dirimir sus diferencias

Ambas partes cuentan, según acordaron, con un plazo de siete días hábiles a partir de hoy para nombrar estos árbitros, que han de fijar si hay derecho a indemnización por las minusvalías sufridas. Aparte de esos siete días, se abre otro plazo de otros 45 días para que los árbitros tomen una decisión al respecto.

La SEPI sacó a Bolsa el 53,9% del capital que controlaba de Iberia el pasado día 3 de abril con una valoración de 180.000 millones de pesetas. Es decir, que cada 1% se valoraba en 1.800 millones de pesetas. Eso suponía penalizar fuertemente el precio pagado por los socios españoles que, justo un año antes, habían pagado a razón de 4.500 millones de pesetas, si bien estos socios están en el consejo y pueden influir en la gestión de la compañía aérea.

Esta diferencia en la valoración provocó un enfrentamiento entre los responsables de la SEPI y los socios españoles en los días previos a la salida a Bolsa. La caída de los mercados bursátiles entre marzo de 2000 y de 2001 penalizó la inversión de los socios españoles y esto hizo que los gestores quedaran en evidencia ante sus consejos y accionistas. Por ello, estas empresas forzaron a un arbitraje que, al menos, les salvara la cara ante sus consejos.

Condiciones

Los socios españoles (al contrario que hiciera British Airways, que supeditó su precio al de la oferta pública) no incluyeron ninguna cláusula que les permitiera recuperar su inversión en caso de que la valoración fuera menor al salir al mercado.

Los socios españoles se agarran ahora al argumento de que ellos firmaron su entrada en el capital con la condición de que la SEPI lo sacara a Bolsa antes del 31 de diciembre de 2000. Como la empresa comenzó a cotizar en el mercado el pasado 3 de abril, los socios estables españoles entienden que se han visto perjudicados en sus intereses y que un árbitro externo debe juzgar si deben ser compensados económicamente. Los socios forzaron a la SEPI el 13 de marzo pasado (en pleno proceso de presentación a los mercados) a este arbitraje, que logró indignar a los responsables del grupo público.

El Gobierno considera que en el contrato de entrada de los socios no se hacía ninguna mención sobre el precio de las acciones de Iberia y que tampoco existía vinculación alguna entre ese acuerdo y el valor de la oferta pública de la empresa. La SEPI argumentó en esos momentos de máxima tensión con los socios estables españoles que ya en el día 7 de diciembre de 1999 ambas partes hicieron una 'consulta dirimente' a Arthur Andersen en relación con la discrepancia en el precio. Esta firma dictaminó que 'no había razones para reducir el precio pagado por los socios estables'.

Caja Madrid pagó por el 10% de Iberia que controla 45.400 millones de pesetas y las minusvalías que sufre son de 27.330 millones de pesetas, ya que las acciones en Bolsa siguen prácticamente al precio de salida (1,19 euros por título). El BBVA, que desembolsó por el 7,3% un total de 33.142 millones de pesetas, ha cosechado una pérdida de valor de 19.951 millones de pesetas. Logista, que compró el 6,7% del capital por 30.418 millones, cuenta con unas minusvalías de 18.312 millones de pesetas. El Corte Inglés, que invirtió en comprar el 3% de Iberia 13.620 millones, ve ahora que su participación vale 5.421 millones de pesetas, justo lo mismo que Ahorro Corporación, que sufre las mismas minusvalías que El Corte Inglés.

La salida a Bolsa de Iberia, que se produjo casi dos años después de haberse anunciado por el Gobierno, eligió, además, el peor momento de los mercados, estuvo a punto de frustrarse por la huelga de celo de los pilotos del SEPLA, que duro diez días, en pleno proceso de salida a Bolsa.