El plan alternativo del PSOE: contradicción y desconcierto

El pasado viernes en este mismo diario, y dentro del debate que está suscitando el Plan Hidrológico Nacional (PHN), aparecía un amplio artículo de los profesores Almenar y Bono, donde se sostenía que el Partido Popular está acometiendo una 'cruzada medioambiental' para rebatir el denominado Plan Alternativo del Partido Socialista.

Aparte de su contenido, en el que me centraré más adelante, llama poderosamente la atención la sensación de desorientación que impregna la totalidad del artículo. Expresiones como 'es digno de curiosidad', 'súbita preocupación', 'auténtica novedad', referidas a la defensa del medio ambiente por el PP, no hacen sino indicar la perplejidad de quienes se han presentado durante años como los abanderados de la causa ambiental.

Les molesta que digamos, desde nuestra posición, que es un plan con un fuerte contenido ambiental

No deben los autores a estas alturas, sentirse muy identificados con la política ambiental desarrollada durante el largo periodo socialista, cuando se presentan a sí mismos como 'catedráticos universitarios', tras haber ocupado cargos de responsabilidad pública que, incluso en el caso del señor Bono le llevaron a ostentar como consejero la máxima responsabilidad en este campo. Lo cierto es que esta perplejidad no es noticia y se ha manifestado en actuaciones políticas como el gasto social, la ley de parejas de hecho, etc. que, sin ninguna razón objetiva que lo justifique, se han considerado monopolio exclusivo de las políticas de izquierda. Apreciación errónea a todas luces.

El medio ambiente no escapa a esta falsa percepción de la realidad que tienen los miembros de la oposición, y a las cifras me voy a remitir. Frente a las 40.000 hectáreas de Espacios Naturales Protegidos hasta 1995, se han añadido 75.000 más sólo en el periodo 1995-2001. El Catálogo de Zonas Húmedas incluye más del doble de hectáreas que el inventario que ustedes propusieron a Las Cortes en diciembre de 1989. La media anual de hectáreas de bosque quemadas en las dos legislaturas del PP es cinco veces inferior a la de los últimos treinta años. De los 1.500 millones invertidos en el Segura por el gobierno socialista, a los más de 6.750 desde el 1995 hasta hoy, a los que habrá que sumar los más de 10.000 millones previstos en el plan global de recuperación de la cuenca, etc. ¿De verdad creen los autores que esta política es puro 'marketing medioambiental'?

Con el PHN tenemos más de lo mismo. Les molesta que digamos, desde nuestra posición, que es un plan con un fuerte contenido ambiental y que va a constituirse en la garantía del perfecto estado del conjunto de nuestros ecosistemas húmedos. Garantía que, de llevarse a cabo las propuestas que defienden los grupos de la oposición, se vería seriamente amenazada.

Entrando en el contenido del artículo, lo primero que sorprende es que entre todas las propuestas del PHN, sólo sean tres las cuestiones que los autores califican como 'maniobras de distracción para presentar el trasvase del Ebro como solución a todos nuestros problemas, incluidos los medioambientales'. La reducción es demasiado evidente pues se olvida de propuestas del PHN tan importantes como los programas de restauración ambiental, los de modernización de regadíos, los planes de saneamiento y depuración, las medidas de compensación ambiental o la mejora del delta del Ebro. En resumen otras 'distracciones' presupuestadas en más de un billón y medio de pesetas frente al medio billón del trasvase. La primera de las tres cuestiones planteadas se refiere al impacto ambiental de las desaladoras, presentadas por el plan alternativo como la solución a los déficits finales que no se cubren con el ahorro. Resulta preocupante el carácter irrelevante atribuido por los autores a un incremento de un 2% en la demanda energética de la Comunidad.

Mal contribuiríamos de ese modo a cumplir los compromisos internacionales adquiridos. Siguiendo el informe del profesor Olcina del Instituto Universitario de Geografía, un exceso en estas alternativas provocaría una serie de efectos secundarios que se califican de insostenibles, tanto por el coste económico como el ambiental. Además la energía a utilizar por esas desaladoras, que los autores presentan bajo la denominación de renovable, se produce de manera integral por diversas fuentes (unas renovables y otras no) y su consumo en red, a menos que se plantee una producción localizada, no distingue entre un kilovatio para desalar de otro destinado a la cocina de un restaurante.

Si la producción se plantea a pie de planta, es decir en la misma costa, un sencillo cálculo permite estimar entre 100 y 120 MW la potencia necesaria, lo que se traduciría en unos 200 aerogeneradores que según los autores no parecen tener impacto alguno, por no hablar del problema añadido del vertido de salmueras y su relación con los ecosistemas litorales.

Aprovecho para recordar que el Plan Eólico Valenciano promovido por el PP, excluye la posibilidad de implantar parque eólicos en el litoral, precisamente por el impacto ambiental que producirían, resultando paradójico que dicho plan que ha estado expuesto al público recientemente no haya merecido una alegación del Partido Socialista sugiriendo la posibilidad de su implantación en el litoral. La segunda cuestión alude a nuestro compromiso para la conservación de las zonas húmedas en general y de la Albufera en particular, relacionándolos con los ahorros de recursos obtenidos tras la racionalización de los regadíos tradicionales. La precipitación con la que se ha improvisado el denominado plan alternativo, se ha traducido en algunos errores que de llevarse a la práctica comprometerían la conservación de este importante humedal, cuya principal fuente de alimentación, los sobrantes de riego, es calificada de 'efecto colateral'.

De esta manera, aún dando por buenas las cifras de demanda ambiental global para la Albufera (otra cosa sería el marjal de la Ribera Sur del Xúquer), así como los referentes al cultivo del arroz, quedaría por cubrir un déficit de 250 hectómetros cúbicos anuales que ustedes suponen obtenible de la reutilización de aguas residuales, los aportes naturales y algunos sobrantes del Turia.

Pues bien, ni los recursos generados de la depuración de aguas permiten por el propio diseño de las plantas y los compromisos existentes obtener un caudal superior a 50 hectómetros cúbico ni cabe cuantificar en más de 75 los aportes naturales y sobrantes del Turia, con lo que estaríamos ante un déficit remanente de al menos 125 que supondría un serio peligro para la supervivencia de la Albufera. La tercera y última cuestión se refiere a la situación del Segura, cuestionando unas declaraciones del alcalde de Orihuela (que suscribo totalmente) que reclama además del tratamiento de todos los vertidos, un caudal ecológico que difícilmente se puede lograr sin aportes externos. Resulta incomprensible que los autores del artículo desprecien este objetivo medioambiental con la excusa de que deben atacarse las causas de la contaminación, cuando deberían saber que no es lo mismo depurar que mantener un caudal ecológico que supone la pervivencia de los ecosistemas fluviales y de las importantes zonas húmedas del sur de la Comunidad.

Como conclusión y retomando la reflexión inicial acerca del desconcierto en el que parecen sumidos los autores del referido artículo, sólo quisiera decir que si algo ha caracterizado en los últimos tiempos el comportamiento del Partido Socialista en relación con el PHN han sido las contradicciones en las que se ha visto inmerso. Contradicciones diversas de tipo temporal y espacial. Las espaciales han quedado de manifiesto en las posturas opuestas mantenidas ya no únicamente por diferentes autonomías sino también dentro de una misma comunidad. Baste como muestra la posición de Castilla-La Mancha y Extremadura en el Consejo del Agua, o el diferente discurso del PSPV según se dirija a Alicante o Valencia. Todo esto choca con la calificación tantas veces otorgada, acertadamente considero, al PHN de asunto de Estado. Me pregunto cuál es el sentido de reclamar un tratamiento de asunto de Estado a una determinada política, sin ser capaces de ofrecer, por quien plantea tal necesidad, unidad en torno a la misma dentro de sus propias filas.

Esto es lo que ha sucedido con el PSOE y con el PSPV. Tanto uno como otro han sido incapaces de articular un mensaje claro y homogéneo. Por el contrario, estos últimos meses han sido ricos en confusiones y desmarques, entre los que destaca el llamado Plan Alternativo o contradicciones temporales como la que supone apoyar en las Cortes Valencianas el PHN el 28 de septiembre de 2000 para rechazarlo poco después. La filosofía que impregna el citado plan alternativo hace que nos preguntemos si no es peor el remedio que la enfermedad. Cuando el Gobierno entonces dirigido por el PSOE presentó en 1993 un PHN que contemplaba la conexión cuasi-total de cuencas y un trasvase tres veces superior al ahora proyectado y omitía cualquier consideración medioambiental, ¿cuál fue la valoración realizada por el Gobierno valenciano? Para los desmemoriados o simples desconocedores de la realidad de entonces digamos que el apoyo fue total. Ningún responsable político del PSPV, incluido el entonces consejero de Medio Ambiente, alzaron la voz frente a un plan, con un impacto ambiental tremendamente superior al ahora presentado por el PP.

Es más, con motivo del acuerdo del Gobierno valenciano de 28 de septiembre de 1993 por el que se aprobaron las alegaciones presentadas por la Generalitat al anteproyecto del PHN, se fijó cuál era la posición de ésta al respecto. Posición que queda claramente reflejada en el siguiente extracto: 'Ante la imposibilidad de obtener incrementos significativos de recursos como consecuencia de la construcción de infraestructuras de regulación, de la reutilización de aguas o de ahorros, la única solución que puede garantizar la estabilidad hidráulica de la Comunidad pasa por la recepción de recursos externos'.

Se han equivocado pues los profesores asumiendo desde la Universidad una posición política contradictoria a la vista de lo expuesto. Tal vez ello encuentre su justificación en la incapacidad de ciertos políticos en activo para mantener sus propias posiciones. Sirva esta crítica para aclarar este aspecto que no debe de empañar en absoluto el reconocimiento y respeto a una labor docente e investigadora que, especialmente en el campo de la economía ecológica y la ecología ambiental, desarrollan los autores.

Fernando Modrego es consejero de Medio Ambiente.