El fraguismo y Euskadi

La próxima medianoche finalizará una campaña electoral que, si bien directamente sólo concierne a dos millones de ciudadanos vascos, ha involucrado emocional o políticamente a casi todos los españoles. Nunca antes unas elecciones autonómicas convocadas en una sola comunidad habían merecido tal atención y tanta cobertura por parte de los medios de comunicación de ámbito estatal, ni habían movilizado con semejante intensidad a las clases política y periodística foráneas. A día de hoy sería difícil encontrar a alguien que, usufructuando un espacio de opinión en prensa, radio o televisión, igual en Madrid que en Sevilla, en Barcelona como en Vigo, no lo haya utilizado para expresar sus filias y, sobre todo, sus fobias en relación con los comicios vascos. Desde la sociología o el derecho constitucional, desde la ética o la estética, desde la viñeta o la columna, todo el mundo ha creído oportuno, necesario, imprescindible, dar su simbólico mitin con vistas al 13 de mayo. Por ello, apurando las últimas horas del plazo legal, solicito la indulgencia de los lectores para hacer otro tanto.

Lo haré -servidumbres del oficio- exhumando algunos papeles viejos; papeles que reflejan cuál era hace dos décadas, ya en plena vigencia del actual marco jurídico, la posición de Alianza Popular y de sus líderes frente a la cuestión autonómica en general, y ante el problema vasco en particular. Así, en el III Congreso Nacional de AP (1980), la ponencia de política regional y autonomías aseguraba: 'Hasta ahora, las autonomías sólo han servido para crear burocracia, aumentar gastos, complacer vanidades personales y dar lugar a graciosas anécdotas en cuestiones protocolarias'. Y añadía: 'El sentimiento regional no debe ser infravalorado, pero tampoco se debe permitir su manipulación con fines políticos bajo el pretexto de la recuperación de una identidad cultural perdida y la cancelación de unos supuestos agravios históricos'. ¿Son figuraciones mías, o esto de los 'supuestos agravios' rima a la perfección con el reciente 'habría que ver cuándo se ha prohibido hablar una lengua en España' de la ministra Pilar del Castillo?

Por otra parte, y en el volumen Soluciones para una década. Libro blanco de Alianza Popular (Madrid, 1981), el partido expresaba sin ambages su revisionismo constitucional: 'Rechazamos las teorías que tratan de justificar la inclusión del término nacionalidades, por considerarlo contrario a la historia y al sentir del pueblo español, cualquiera que sea su ideología. (...) Es incierto que dentro de España haya comunidades nacionales diferenciadas'. Pocos meses después, una de las aportaciones al IV Congreso Nacional aliancista rezaba así: 'En cuanto a la policía autónoma, Alianza Popular del País Vasco considera que en la lucha antiterrorista las Fuerzas de Seguridad del Estado han de ser las únicas con competencias, rechazando de plano cualquier pretensión de que a medio o largo plazo dichas fuerzas sean sustituidas por la policía autónoma'. El mismo documento añadía más adelante: 'Especial importancia hay que dar en este orden de cosas a la educación sectaria y antiespañola que se imparte en determinadas ikastolas, que aprovechándose de fondos públicos inculcan en los niños un espíritu discriminador'. Considerando que en 1981 la autonomía de Euskadi llevaba apenas un año de rodaje, ¿tenían los conservadores vascos dotes premonitorias o bien expresaban sólo sus prejuicios ideológicos?

Entretanto, el jupiterino líder de AP no se cansaba de vocear a los cuatro vientos sus contundentes recetas frente al problema terrorista; las resumo en titulares de prensa coetáneos, con la fecha de publicación: 'Fraga: 'La solución al terrorismo está en que mueran más terroristas que guardias' (3-8-1980); 'Fraga insiste en el estado de excepción para Euskadi' (17-11-1980); 'Fraga pide la reimplantación de la pena de muerte' (18-3-1981); 'AP entiende que no es transferible el orden público al Gobierno vasco' (6-5-1981). A mayor abundamiento, y en su libro El cañón giratorio. Conversaciones con Eduardo Chamorro (Argos-Vergara, 1982), el León de Perbes argumentaba: 'Retrasar las medidas máximas es siempre peligroso. Y las medidas máximas están en la Constitución: el estado de sitio. No sé si bastaría con la medida inmediatamente anterior, que es el estado de excepción. Sin ello no hay nada que hacer...'.

Desde un registro semántico más melifluo -no en vano pertenece a otra generación-, el joven encargado de la ponencia sobre autonomías en el V Congreso de AP (1982) compartía con Fraga una misma visión de las cosas. Su nombre era José María Aznar López y su texto comenzaba: 'La historia del proceso autonómico español, antes y después de la Constitución de 1978, es un continuo repertorio de errores e improvisaciones...'. Partidario entusiasta de esa LOAPA -'debe ser mantenida y aplicada sin excepciones'- que el Tribunal Constitucional se encargaría de anular en agosto de 1983, favorable a la devaluación política de las comunidades autónomas, el ponente señalaba como un gran objetivo -16 años antes de Lizarra- el de 'demostrar la viabilidad de unas autonomías no dependientes de ningún nacionalismo', y cuestionaba la fiscalidad derivada del Concierto Económico 'porque supone una discriminación para los españoles no residentes en el País Vasco'.

Se me dirá que ésos son documentos antiguos, obsoletos, superados por toda clase de refundaciones y giros al centro. Sí, es cierto que tienen 20 años, pero los textos de Sabino Arana tienen más de 100, y ello no impide a nadie desenterrarlos para descalificar al partido que él fundó. Y, francamente, si el PNV de hoy es sabiniano, ¿alguien ha visto al actual PP renegar del legado fraguista? ¿De su presidente-fundador, de su próximo candidato a la Xunta de Galicia? ¿No estaremos más bien ante un revival?

Joan B. Culla es historiador.