'Modelo Zaplana', último acto

El modelo Zaplana de financiación autonómica llega a las Cortes Valencianas dos años después de irrumpir en la escena política y a punto de pasar a la historia. El debate 'de calado' que acoge hoy el pleno del Parlamento autonómico constituye, de hecho, el acto final de una meditada estrategia de partido.

Eduardo Zaplana abrió la campaña electoral para las últimas elecciones autonómicas cuando formuló una ambiciosa propuesta de financiación autonómica que contribuyó a debilitar la maltrecha situación de Unión Valenciana y a suavizar las exigencias de los nacionalistas catalanes hacia el Gobierno de José María Aznar.

El modelo Zaplana había sido diseñado por Juan Costa, entonces secretario de Estado de Hacienda, pero se presentó desde una de las comunidades autónomas más populosas y económicamente más dinámicas bajo control del PP.

Las líneas generales de la propuesta apuestan por ceder la gestión y la capacidad normativa sobre una serie de impuestos a los gobiernos autónomos para garantizar que sean capaces de ingresar al menos el equivalente al coste de los servicios que prestan; para fomentar la corresponsabilidad de las administraciones autonómicas con el Gobierno central a la hora de atender a los ciudadanos; y para que los contribuyentes sean capaces de apreciar el uso efectivo de sus impuestos.

El primer diseño del modelo Zaplana primaba a las regiones más densamente pobladas puesto que la mayoría de los impuestos cedidos serían los que gravan el consumo (sobre carburantes, tabacos o alcohol, por ejemplo).

Los nacionalistas catalanes acogieron la propuesta con una tibieza amistosa. Pero dirigentes del PP como Manuel Fraga, presidente de Galicia, o Juan José Lucas, entonces presidente de Castilla y León, se rebelaron inmediatamente y apelaron al sobrecoste que implica garantizar los servicios a poblaciones dispersas en amplios territorios.

La propuesta inicial introdujo de inmediato elementos correctores para garantizar la solidaridad interregional. En su última formulación, la participación en los ingresos del Estado -el sistema actual para establecer la distribución de fondos públicos entre las diversas autonomías- pasa a convertirse en un fondo de garantía: si las comunidades autónomas más pujantes recaudan todo lo que necesitan, los fondos que recaude el Estado sólo se usarían para garantizar una calidad mínima de los servicios en los territorios más pobres.

Zaplana ha presentado las líneas generales de su propuesta a responsables autonómicos del más diverso pelaje. El presidente de la Generalitat ha ejercido como una suerte de embajador del Gobierno para sondear a sus colegas antes de entablar negociaciones oficiales.

La ejecutiva del PSOE aprobó el pasado mes de febrero la posición conjunta que defenderán sus seis presidentes autonómicos, una postura que coincide en términos generales con el modelo Zaplana, al punto de que apuesta también por una revisión de la financiación de la Sanidad -que se pactaba en un paquete separado- y pretende establecer un marco estable que recoja las fuentes de financiación de las administraciones locales.

Pero el PP se tomará todavía unas semanas antes de acordar en el seno del partido una posición conjunta en una reunión prevista para el próximo mes de junio.

El margen de maniobra a la hora de introducir modificaciones en las fórmulas para distribuir los fondos públicos entre las administraciones central, autonómica y local es estrecho. Y fuentes del PP y del PSOE estiman que será relativamente fácil alcanzar un acuerdo de ámbito estatal.

Paradójicamente, las Cortes abordan hoy un debate -que los socialistas reclaman desde el pasado mes de octubre- sobre una propuesta condenada a ser un mero punto de partida de una negociación en la que el PP fijará posición de acuerdo con los intereses del Gobierno.