El Congreso de Brasil logra los votos necesarios para crear una comisión de investigación

El asunto de la corrupción política ha saltado a la calle en Brasil. Y la gente se alegra porque piensa que podría tratarse de una catarsis largamente deseada en un país que se encamina hacia la modernización y el desarrollo económico. De ahí que el Congreso -que contra la voluntad del Gobierno ha conseguido reunir los votos suficientes, incluso dentro de los partidos gubernamentales, para crear una Comisión de Investigación Parlamentaria (CIP) mixta en el Senado y en la Cámara sobre la corrupción política- quiera que el hecho sea celebrado con una fiesta entre la población y conseguir que, de este modo, la opinión pública apoye la inicitiva.

El Gobierno de Fernando Henrique Cardoso, precisamente para evitar la creación de la CIP sobre la corrupción, había instituido hace sólo unas semanas una especie de nuevo ministerio destinado a investigar la corrupción política, a cuyo frente había colocado a una famosa abogada. Pero la oposición, tanto en el Senado como en la Cámara, siguieron recogiendo firmas por su cuenta para la creación de la comisión. Y lo acaba de conseguir con votos incluso de algunos diputados y senadores que militan en el PSDB (Partido Socialista Democrático Brasileño), que es la formación política del presidente Cardoso.

La oposición alega que el Gobierno tiene miedo a dicha comisión porque no sabe hasta dónde puede llegar. Cardoso y su Ejecutivo siempre creyeron que la CIP es anticonstitucional y que, además, podría acabar paralizando el Parlamento cuando falta poco más de un año para las elecciones presidenciales y en un momento delicado de la economía debido a la crisis de Argentina.

Batalla del Gobierno

La batalla va a ser dura y el Gobierno va a hacer todo lo posible para evitar que se cree la Comisión; intentará que algunos de los senadores y diputados de los partidos que apoyan al Gobierno pero han estampado su firma de apoyo a la CIP acaben retirándola. Mientras tanto, la oposición pretende involucrar en el asunto a la sociedad civil, movilizando incluso a las calles y sirviéndose de entidades como el Colegio de Abogados de Brasil (OAB), de la Conferencia Nacional Episcopal (CNBB) y de una serie de organizaciones no gubernamentales (ONG).

Precisamente, a la estrategia de la oposición le llegó ayer un gran regalo con la noticia, publicada por la prensa, de que el ministro de Inegración Nacional, Fernando Bezerra, quizás se vea obligado hoy mismo a dimitir de su cargo ante la sospecha de que pueda estar involucrado en el escándalo millonario del fraude de una de las instituciones (SUDENE) que administraban los Fondos para el desarrollo económico de la Amazonia. El ministro, por quien el presidente Cardoso se ha declarado "traicionado" al no haberle comunicado antes de su nombramiento como ministro que poseía el 65% de la empresa Metais Seridó, S.A, en Rio Grande del Norte, para la producción de hierro, tendrá que explicar hoy por qué su empresa, de las 400 toneladas de producción que había prometido, sólo produjo en 12 años el 6%. Para dicha compañía, ya había recibido de los fondos del Estado 3,6 millones de euros.

Y lo más grave es que el ministro Bezerra era el responsable de la SUDENE, el organismo que desapareció la semana pasada, al mismo tiempo que el coordinador de la SUDAM, la otra institución encargada del desarrollo económico de la Amazonia de la que se calcula que ha defraudado al Estado más de 1.200 millones de euros.

A todo ello se añade que la Comisión de Ética del Senado se prepara para pedir la expulsión de la cámara de los famosos senadores Antonio Carlos Magalhães, poderoso ex presidente de dicha institución, y de José Roberto Arruda, ex líder del Gobierno en el Senado, acusados de haber quebrado para intereses personales el secreto del voto electrónico el día en que también fue expulsado, hace ahora un año, el senador Luiz Estevão. Los debates sobre el tema televisados en directo paralizaron la semana pasada durante horas ciudades enteras del país.