Delitos sin sanción en el 'bienio negro'

Javier Balza dispuso de muy poco tiempo a finales de diciembre de 1998 para tomar una decisión que, como a todas las personas que han pasado por el negociado de Interior, cambió lo que hasta entonces había sido una vida de responsabilidades más o menos tranquilas en el Gobierno vasco. Juan José Ibarretxe le comunicó por teléfono que había sido el elegido para dirigir políticamente a los 7.500 agentes de la Ertzaintza. Y el nuevo consejero de Interior, según han denunciado populares y socialistas durante la frustrada legislatura de la paz, se lo tomó al pie de la letra.

'Desde el comienzo de la gestión del bienio negro se dedicó primero a explicar a los mandos policiales las esencias del Pacto de Estella y después a dar directrices políticas para relajar el trabajo policial contra ETA y la violencia callejera antes y después de la tregua. Algo inaceptable y que ha conducido a los propios sindicatos policiales y los ertzainas de a pie a una situación de enfrentamiento y descontento con sus responsables sin precedentes', asegura el responsable de Interior socialista en esta legislatura, Víctor García.

Moción de censura

Antes de cumplidos los 100 días preceptivos de cortesía política, en concreto el 17 de marzo de 1999, el PP pidió su dimisión y el 12 de noviembre Balza se convertía en el primer consejero de un Gobierno vasco obligado a enfrentarse a una moción de censura (la legislación vasca prevé que se presenten contra miembros del Ejecutivo y no sólo contra el presidente). La provocó la petición de Balza a Aznar de 'compensaciones políticas' por la detención de la dirigente etarra Belén González, que se sentó en la única reunión reconocida entre ETA y el Gobierno, y el PP se quedó solo votando sí a esa reprobación.

Pero lo peor estaba por llegar. Tras al abandono de EH del Parlamento, la nueva mayoría constitucionalista en la oposición aprobó una moción para que el Gobierno dedicara más ertzainas y medios contra la violencia callejera y evitar así la 'impunidad'. La puntilla se la dio el comisario europeo de Derechos Humanos, Álvaro Gil-Robles, con un informe que levantó ampollas en el Gabinete Ibarretxe y llenó de pesadillas las noches de Balza. En resumen, Gil-Robles puso por escrito lo que opinan muchos ciudadanos y lo que han criticado el PP y el PSE toda la legislatura: que la violencia callejera (kale borroka) ha mantenido 'el clima de terror' contra 'los intelectuales y los responsables de partidos no nacionalistas, funcionarios y fuerzas de seguridad del Estado' y que la práctica totalidad de exiliados, extorsionados, asesinados, escoltados son no nacionalistas. Y que esta violencia se ejerce en un 'clima de impunidad casi total, debido a la pasividad de la policía' vasca y por las 'directrices políticas de no actuar'. El Gobierno vasco contraatacó acusando al comisario de parcial y de redactar un 'informe político' con opiniones pero sin datos.