Ningún municipio de Almería solicita las ayudas a viviendas para inmigrantes

Ningún Ayuntamiento de Almería ha solicitado las ayudas del decreto autonómico que subvenciona la construcción de alojamientos para temporeros en 42 localidades de alta movilidad laboral. Según un informe del Defensor del Pueblo Andaluz, entre el 60% y el 80% de los lugares donde viven inmigrantes son infraviviendas. El Gobierno de Andalucía ha ampliado el plazo de petición de ayudas, que expiraba ayer, hasta diciembre.

Los municipios almerienses no se han acogido de momento a las ayudas del decreto autonómico que subvenciona la construcción de viviendas para temporeros nacionales o extranjeros.

Los fondos pedidos por 16 ayuntamientos andaluces permitirían construir unas 1.100 plazas de residencia, según Obras Públicas. Un reciente informe del Defensor del Pueblo andaluz estimaba que entre el 60% y el 80% de las viviendas ocupadas por inmigrantes eran infraviviendas.

El decreto se dirigía inicialmente a 42 municipios de Jaén, Huelva, Almería, Córdoba y Granada con una gran estacionalidad en sus ciclos de producción agraria. Sin embargo, sólo 12 de estos ayuntamientos y la Diputación de Granada han presentado propuestas para acogerse a las medidas dentro del plazo previsto inicialmente, que expiraba ayer.

Paradójicamente, las localidades donde existe un déficit mayor como las de Almería o, en menor medida, las onubenses de Almonte o Rociana del Condado, no se han interesado por las propuestas. El rechazo de los alcaldes de Almería, sin embargo, ha motivado que el Gobierno andaluz amplíe el plazo hasta el próximo 31 de diciembre con la intención de desbloquear sus reticencias. 'Hemos ampliado el plazo porque pensamos que podemos incorporar a algunos municipios almerienses próximamente, soy bastante optimista', indica la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez.

Suelos públicos

Hasta ahora, los contactos entre los técnicos de Obras Públicas y las 17 instituciones locales (se han presentado cuatro ayuntamientos no incluidos en el ámbito del decreto) que ya han mostrado interés en acogerse a las ayudas, se han centrado en decidir la ubicación de los suelos públicos donde se construirían los alojamientos.

Tanto los terrenos como la construcción de las viviendas serían asumidos por la Empresa Pública del Suelo de Andalucía o las sociedades municipales. El decreto está también abierto a la iniciativa particular, pero hasta ahora sólo las instituciones públicas se han planteado recurrir a las ayudas, aunque la consejera confía en que, tras las primeras actuaciones, se sumen promotoras privadas.

'La obligación de prestar alojamiento a los temporeros es del empresario. La Administración está actuando porque se detectó una gran deficiencia de vivienda en este colectivo', explica Gutiérrez quien recalca que las ayudas diseñadas por la Junta y el Gobierno buscan 'facilitar al empresario el cumplimiento de la ley'.

El decreto, aprobado el pasado 9 de enero, fue consensuado entre las Administraciones central y autonómica después de las agresiones xenófobas de El Ejido, hace algo más de un año, con el objetivo de remediar las situaciones de marginalidad en la que viven los temporeros extranjeros.

Un estudio encargado por la Consejería de Obras Públicas revelaba que la situación en la comarca del Poniente y Níjar era especialmente grave y cifraba el déficit de viviendas para inmigrantes en más de 7.000.