La violencia sigue ensangrentando el suelo guatemalteco

Cuando el 29 de diciembre de 1996 el Gobierno y la ex guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron la paz que puso fin a 36 años de guerra civil en este país centroamericano, la población esperaba vivir en un ambiente sin violencia, sin ataques a campesinos indefensos, sin asesinatos o persecuciones a personalidades relevantes. Cuatro años después, con ocasión de conmemorar el tercer aniversario del asesinato del obispo Juan Gerardi, la Iglesia católica reveló un estudio de la realidad nacional que nos muestra a un país donde la violencia continúa cobrando vidas inocentes y los peores mensajes de corrupción e impunidad provienen de las más altas esferas del Gobierno.

"Ya no estamos en la época del terror estatal de tierra arrasada, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales (...), aunque esta afirmación no significa que como país hayamos superado este fenómeno. Los asesinatos terriblemente violentos de Mirna Mack y monseñor Gerardi (...) constituyen una inequívoca advertencia de que el terror está vivo y opera con una eficiencia de escalofrío", se afirma en un estudio denominado La Guatemala distinta, hecho público el viernes, en un acto público en el cual brillaron por su ausencia los dos invitados especiales de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), el presidente de la República, Alfonso Portillo, y el ministro del Interior, Byron Barrientos.

En su análisis de las causas profundas que provocan este fenómeno, la CEG señala el hecho de que las desigualdades económicas, políticas y sociales continúan sin ser atendidas. "Los actores de poder continúan miopes y sordos a las necesidades imperantes de cambios sociales en la estructura productiva del país", afirman los obispos.

La Iglesia católica destaca la corrupción gubernamental como uno de los fenómenos determinantes en el escaso o nulo respeto que los guatemaltecos sienten por el Estado de Derecho: "La corrupción, el despilfarro y el enriquecimiento descarado de funcionarios públicos, las millonarias sumas que el Estado eroga para salvar bancos vinculados al poder político, la evasión fiscal o el incumplimiento de las leyes laborales, si bien no constituyen, en sí mismas, hechos de violencia, sí alimentan el clima para profundizar este fenómeno".

Los abusos de poder del inefable general Efraín Ríos Montt, presidente del Congreso (legislativo, unicameral), tampoco se quedaron en el tintero de los obispos. "El grosero manoseo que se hace en el organismo legislativo contribuye, igualmente, a crear ese ambiente de desconfianza y de pérdida de credibilidad en el sistema, al considerar que se burla la ley desde los estratos más elevados de la sociedad".

El organismo judicial no sale mejor parado: "la incompetencia, negligencia, incapacidad, ineficiencia y corrupción a la que se han sometido muchos jueces y altos funcionarios de dicho organismo (...) se ve reflejada en la parcial y discriminatoria aplicación de la justicia".

El camino por recorrer

La encuesta de la CEG, realizada entre 52.000 personas de todos los estratos sociales, identifica 20 causas puntuales que provocan la violencia en el país. Las cinco primeras son la falta de educación, el desempleo, la pobreza-miseria, la drogadicción-narcotráfico y la desintegración familiar.

Los guatemaltecos también se inclinan por demandar del Estado el pleno respeto a los derechos humanos, la desmilitarización de los aparatos de seguridad de la nación, la creación de fuentes de trabajo, la aplicación de la ley de manera efectiva y la profesionalización de la Policía, así como el incremento del número de sus efectivos, para que ésta pueda brindar una seguridad efectiva a la ciudadanía. Todo ello, sin olvidar los compromisos del Estado, contraídos en los Acuerdos de Paz.