Francia sale en defensa del empleo

El anuncio de miles de despidos en empresas con beneficios ha hecho saltar las alarmas en Francia. Pese a mostrar una buena evolución económica, los ciudadanos han hecho saber su malestar y el Gobierno, que ha anunciado que endurecerá las regulaciones de empleo, se ha visto atrapado entre la liberalización y el intervencionismo.

'No se puede esperar todo del Estado; yo no creo que sea posible, en adelante, administrar la economía'. Así hablaba hace dos años el socialista Lionel Jospin, primer ministro de Francia, a los que le reprochaban no hacer algo para impedir un plan de despidos como el que acababa de anunciarse en Michelin. Hoy, enfrentado a una cascada de empresas que ponen gente en la calle, Jospin ya no puede sostener ese criterio. El primer ministro ha condenado moralmente a los que dan lustre a los beneficios de sus accionistas a base de despedir trabajadores. Y sin ceder a las presiones más izquierdistas, ha decidido jugársela para mantener un cierto control sobre esas multinacionales que aspiran a moverse sin traba alguna.

A pesar de la buena salud de la economía francesa, Jospin debe hacer frente al creciente descontento social. La izquierda clamará para meter en vereda a las empresas, pero el primer ministro cuenta con estrechos márgenes de maniobra. ¿Cómo ceder a la extrema izquierda y al propio Partido Comunista -su aliado en el Gobierno-, que le exigen la prohibición, lisa y llana, de todos los despidos en las empresas con beneficios?

Si el diario comunista L'Humanité no hubiera echado a 80 de sus 245 empleados, la ruptura en la izquierda plural sería más acusada. Haberlo hecho no impide a su secretario general, Robert Hue, alzar la voz frente a 'las empresas florecientes que recortan empleos'; y para enfatizarlo, el pasado día 21 se puso a la cabeza de una manifestación organizada por su partido contra Danone, engrosada gracias al traslado de militantes en 200 autobuses. Una actitud que causó no poca estupefacción en los sindicatos al observar a un partido político que ocupaba el papel supuestamente reservado a las centrales sindicales.

Se diga lo que se diga, Jospin no tiene previsto volver a métodos del pasado. La autorización administrativa para el despido de más de 10 trabajadores ya fue eliminada en 1986, cuando el actual presidente de la República, Jacques Chirac, dirigía un Gobierno conservador, y nada permite pensar en su restablecimiento. El ministro de Economía y número dos del Gobierno, Laurent Fabius, lo ha descartado expresamente.

Sin llegar a eso, Jospin ha lanzado un primer paquete de medidas, que tiende a disuadir los despidos de trabajadores por la vía de complicar la gestión de las reestructuraciones y encarecerlas un poco. El contexto en que se han tomado esas decisiones tiene que ver con la respuesta a varias cuestiones básicas:

Las preguntas

La primera, ¿va bien la economía? Por el momento, Francia sostiene elevadas tasas de crecimiento y continúa creando empleo. Creció un 3% el año pasado, principalmente a lomos de la demanda interna, que ha continuado muy firme en el primer trimestre de este año. El consumo de los hogares continúa siendo robusto gracias al dinamismo del empleo: la masa salarial progresó un 5% en 2000 (3,8% en 1998 y 4,2% en 1999). A esta circunstancia se unieron una inflación baja y el efecto de pequeñas reducciones de impuestos. Todo ello permitió que el poder de compra de los hogares aumentara un 3,1% en 2000, lo cual constituye la mejor cifra durante el último decenio. Los datos de los primeros meses de este año no muestran cambio de tendencia.

En segundo lugar, ¿por qué ese descontento si la economía resiste bien? Hay quien piensa que se han acabado los días de vino y rosas, sobre todo después de que la 'oleada rosa' pronosticada para las elecciones municipales de marzo -en alusión a la flor que simboliza al Partido Socialista- se transformara en un oleaje azul, asediando a las islas rosáceas de París o Lyón. Y hay quien considera sospechosa la coincidencia del anuncio de crisis industriales con el final de ese proceso electoral, recelándose una operación para preparar la derrota de la izquierda en las presidenciales y legislativas de 2002.

Pero, sin necesidad de acudir a las versiones conspirativas de la historia, lo cierto es que el Gobierno francés probablemente es el más regulador de la Unión Europea; dicho de otra forma, el menos favorable a las tendencias liberalizadoras en boga. Tras haber hecho del empleo y de la solidaridad una de sus prioridades, el frío y racionalista Jospin se ha aplicado a la tarea de arbitrar entre las tensiones. Y no lo ha hecho mal, o al menos las cuentas le han salido bastante bien.

El problema es que la izquierda se ha asustado. Acunada por el crecimiento económico de los tres últimos años y por el éxito conseguido en la creación de empleo -la tasa de paro no llega al 9%-, las fuerzas de izquierda y los sindicatos dedicaron la segunda mitad de 2000 a discutir 'el reparto de los frutos del crecimiento'. Los primeros síntomas de crisis en la industria le ha devuelto a la realidad con un efecto espectacular: primero, el desalojo de cuarenta alcaldes de izquierda; inmediatamente después, el anuncio de despidos masivos en industrias que explotan algunas de las marcas más populares.

Las supresiones de empleo en Danone, una empresa floreciente y presentada como un modelo social -el padre del actual dueño era un amigo del ex presidente François Mitterrand- dieron el aldabonazo. Inmediatamente vino el anuncio de cierre de los 18 almacenes de Marks & Spencer. A ello se suman crisis auténticas, como la casi quiebra de la compañía aérea AOM/Air Liberté, hoy amenazada de abandono por sus accionistas, o el cierre de tres fábricas de Moulinex, que perdió el año pasado 21.000 millones de pesetas y cuya deuda supera los fondos propios.

Cuando las cosas van mal en las marcas que todo el mundo conoce, el problema parece más grave que el desfondamiento de sectores enteros, como ya se vivió en la siderurgia. Y además, la capacidad de reacción y protesta social que conserva este país tienen difícil parangón. Hasta el futbolista Anelka se ha visto obligado a dar explicaciones por haber rodado un anuncio publicitario para Danone, mostrando al diario Le Parisien la riqueza de sus ideas: 'No tengo que rendir cuentas a nadie (...) Hoy, los ricos son cada vez más ricos, y los pobres, cada vez más pobres. (...) Comprendo la tristeza de las gentes que pierden su trabajo, pero no voy a resolver el problema yo sólo'.

¿Se ha parado la creación de empleo? Mirado con ojos de los especialistas en macroeconomía, el impacto de las reestructuraciones laborales en marcha es muy pequeño. Se trata de la pérdida de miles de puestos de trabajo directos -más los indirectos que acarreen- en una población activa de 24 millones de personas, para una economía que creó casi medio millón de empleos el año pasado y que ha creado otros 100.000 en el primer trimestre de este año.

Crisis oculta

Una economía que marcha sobre ruedas, pero que deja frustrados a un cierto número de ciudadanos, puede esconder una crisis más profunda. Sin embargo, los expertos del Ministerio francés de Economía insisten: 'Francia está en condiciones de resistir el frenazo económico mundial'.

El aguacero de malas noticias vela los datos mensuales de descenso del paro -8,7% de la población activa, según datos publicados el viernes- o la excelente moral de las familias, que siguen consumiendo como si la crisis no fuera con ellas. La demanda interna se mantiene dinámica y el Instituto Nacional de Estadísticas (INSEE) cree que todavía hay margen para crear otros 250.000 empleos este año, con lo cual la tasa de paro caería hasta el 8,5%; pero el ensombrecimiento del clima económico y social puede acabar pronto con la creación neta de empleo. 'Indudablemente, estamos en una trayectoria de frenazo de la producción industrial, porque la industria es el sector más expuesto a la situación internacional', puntualiza Michel Devilliers, jefe del departamento de coyuntura del organismo citado.

La cuarta pregunta sería: ¿se va a un choque Gobierno-empresarios? La situación de la izquierda plural es delicada para lanzarse a un enfrentamiento duro con los empresarios. A finales de año debe quedar completada la aplicación de la jornada de 35 horas en las pequeñas y medianas empresas, una decisión que la principal organización patronal (Medef) ha protestado. A ello se va a añadir la probable subida del salario mínimo (situado en unas 170.000 pesetas brutas).

Todo esto se produce en un contexto de menor crecimiento económico: la última previsión de Fabius se sitúa en el 2,9% para el año en curso, cuatro décimas menos de lo proyectado. Estas decisiones sí afectan al tejido empresarial y social; no es pequeño el esfuerzo que las empresas tendrán que efectuar y no sería fácil darles una vuelta de tuerca con regulaciones más estrictas.