Ardystil, nueve años después

El caso Ardystil inició su larga andadura por los tribunales en 1992. En aquella fecha la titular del juzgado numero 3 de Alcoy, Amparo Illán, abrió diligencias para que se investigase un supuesto delito de imprudencia contra la seguridad en el trabajo en detectado en ocho empresas del sector de la aerografía textil en Alcoy y Cocentaina. La muerte de seis trabajadores, cinco mujeres y un hombre, fue el detonante de la instrucción de este caso, que se ha prolongado durante nueve años.

Desde el principio el procedimiento se ha caracterizado por la lentitud. Los abogados de la acusación particular personados en el caso ya tuvieron que esperar cuatro años hasta que la juez instructora llamase a declarar a los primeros imputados por el caso. En 1996 la instrucción cobró impulso y entre mayo y junio de ese año comparecieron en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcoy hasta 21 imputados. La propietaria de Ardystil, Juana Llacer, su encargado José Luis Picher, el inspector de Trabajo, Alfredo Ortolá, los controladores que visitaron Ardystil antes de las muertes, los representantes legales de Bayer Hispania Industrial, Cepsa, Solvay, Ici España (empresas fabricantes de los productos que se manipularon en las aerografías), representantes de las distribuidoras de las multinacionales citadas y la trabajadora Maite Vidal, encargada de las mezclas en Ardystil.

Un año después de la redacción del auto en el que se solicitaba la apertura del juicio oral, el instructor ha instado a los acusados, -los representantes de las ocho aerografias en las que se detectó el síndrome, de tres empresas químicas que les sirvieron productos y a la inspección de Trabajo-, a que concluyan sus escritos de calificación para agilizar la apertura del juicio. El actual titular del juzgado número 3 de Alcoy y último juez que se ha hecho cargo del caso ha dado otro impulso al caso tras desestimar recientemente el recurso de nulidad presentado por los representantes legales de uno de los principales imputados en el caso, la multinacional Bayer Hispania Industrial, SA.

El tiempo ha transcurrido sin que la principal incógnita del caso se desvelase. Los cientificos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (Niosh) iniciaron sin éxtio en 1993 una investigación, a petición del Consell Valenciano, para esclarecer este asunto. A los afectados tan sólo les quedan las conclusiones de la primera jueza instructora que en su auto de incoación de procedimiento admitió que un mismo disolvente tóxico, el tricloroetano, coincidió en todas las aerografias.

Cerca de un centenar de personas desarrollaron dolencias pulmonares que con los años se ampliaron a secuelas neurológicas (cefaleas y pérdidas de memoria). La mayoría de los afectados tuvo que improvisar contratos, que no firmaron cuando entraron a trabajar en las aerografías, para poder cobrar los subsidios por invalidez, después de que se reconociese el síndrome Ardystil como enfermedad laboral.

Ahora los afectados, agrupados en la comisión, que preside Amparo Pascual, tendrán que rememorar todas estas circunstancias cuando se fije la fecha del juicio oral y 'confiar en que alguien pague por las muertes y poder olvidar esta pesadilla', afirma Pascual.