Zaplana pide al Consell que controle el gasto pero exige nuevas iniciativas

Las 'fórmulas imaginativas' de financiación generan nuevas deudas

'¡Que se note!'. La primera consigna que Zaplana trasladó a sus colaboradores cuando entró en el Palau de la Generalitat en julio de 1995 era clara. Una creciente bonanza económica acompañó los primeros años de gobierno del PP en la Comunidad y el Consell se permitió muchas alegrías en cuestión de gasto sin mayor planificación.

José Luis Olivas, entonces consejero de Hacienda, inició su mandato con severas denuncias sobre la gestión económica de los socialistas y reiteró que los agujeros financieros habían pasado a la historia. Pero fue arrastrado por la vorágine.

Un caso ilustra los problemas financieros que genera el estilo Zaplana de gobierno. Olivas paralizó las obras de la Ciudad de las Ciencias que había impulsado Joan Lerma en el viejo cauce del Turia debido a su carácter 'faraónico' y su elevado coste. La primera revisión del proyecto sustituyó la torre de comunicaciones más alta de Europa por una fuente. 'Un chorrito', bromea un miembro del Consell.

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El disgusto de Zaplana fue mayúsculo y el resultado final, propio de su carácter. El proyecto fue rebautizado un año después como Ciudad de las Artes y las Ciencias y la torre de comunicaciones fue sustituida por un Palacio de las Artes, diseñado por Santiago Calatrava, cuyo coste supera ya todas las previsiones.

El Consell obligó entonces a las universidades a emitir deuda para financiar el plan de inversiones, de 75.000 millones en su primera fase y 50.000 en la segunda, y reiteró sus críticas a los socialistas por la falta de cobertura presupuestaria para implantar la reforma educativa LOGSE. Sin embargo, acometió con diligencia los gastos derivados de las obraspara adecuar el entorno de Terra Mítica y creó una sociedad pública al efecto, cuyo presupuesto para 2001 se eleva a 25.996.774 millones y cuya deuda a largo plazo supera los 45.000.

Después de cinco largos años de gobierno el Consell decidió crear otra sociedad pública para acometer las obras previstas en el mapa escolar. Una correcta planificación de las necesidades en infraestructuras escolares habría supuesto un ahorro considerable. El presupuesto de inversiones en Educación, que sumaba 25.000 millones en 2000, se ha recortado todos los años durante cinco ejercicios consecutivos. Pero la nueva sociedad tiene vía libre para invertir en dos o tres ejercicios una cifra en torno a los 150.000 millones de pesetas a través del recurso al crédito ajeno.

El problema se extiende a casi todas las áreas. La Consejería de Obras Públicas, por ejemplo, ya ha comprometido en torno al 90% de su presupuesto ordinario de inversiones hasta 2003 debido a la programación plurianual de las obras.

Dadas las circunstancias, los costes de construcción de nuevas depuradoras que sustenten los argumentos esgrimidos por la Generalitat Valenciana para defender el proyecto de Plan Hidrológico Nacional se trasladan a la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales. Lo mismo que las obras del metro de Valencia son costeadas por Ferrocarrils de la Generalitat, que puede endeudarse debido a su condición de entidad pública.

El volumen de las obligaciones contraídas por la Generalitat, que ha duplicado su deuda durante los últimos cinco años hasta elevarla a 980.000 millones, ha provocado el malestar del Ministerio de Hacienda. Su actual responsable, Cristóbal Montoro, paladín del equilibrio presupuestario y de la contención del gasto público, no es proclive a las frivolidades y ha reiterado sus exigencias de rigor en el gasto a la Generalitat Valenciana.

Zaplana evita la cuestión de cara a la galería, pero el nombramiento de Vicente Rambla, inspector de Hacienda, como responsable de las arcas de la Generalitat fue resultado de la necesidad de poner orden en los asuntos financieros.

Derivar costes

El presidente ha asumido que la deuda pública es un serio problema, según algunos miembros del Consell. Pero exige iniciativa y apela a la imaginación para derivar los costes a terceros.

El actual responsable de Bienestar Social, Rafael Blasco, ha mostrado una gran capacidad para diseñar fórmulas imaginativas desde que accedió al cargo. Su primer objetivo fue implicar a las cajas de ahorro en la financiación de los servicios públicos. La obra social todavía mantiene cierta autonomía, pero el pasado viernes, Blasco arrancó un convenio con cinco entidades financieras que prevé la concesión de préstamos en condiciones preferentes por valor de 23.000 millones de pesetas destinados a financiar la construcción residencias asistenciales para mayores.

La precipitación a la hora de negociar las transferencias del Estado, sobre todo en materia de Educación y Sanidad, ha sido uno de los argumentos recurrentes para justificar los problemas financieros que arrastra el Consell. Pero después de casi seis años al frente de la Generalitat, Zaplana ha evitado plantear problemas al Gobierno central y, sin embargo, ha logrado trasladar grandes tensiones a otra instituciones, como las diputaciones provinciales, que ya se encuentran en virtual bancarrota.

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