El fiscal acusará el ex jefe del GIFA en Cádiz de recibir dinero de traficantes
Las acusaciones más o menos veladas que habían dirigido hasta ahora contra Osorio algunos confidentes de la Guardia Civil en juicios previos han terminado por fraguarse en el escrito de la Fiscalía, dirigida por Isidoro Hidalgo. El texto sostiene que, durante 1996 y 1997, cuando Osorio era teniente, junto a otros dos guardias del GIFA, 'puestos de común acuerdo y con exclusivo ánimo de lucro', facilitaron la entrada de alijos de hachís a través de las costas de Cádiz, ayudaron a la vigilancia de la mercancía y percibieron, una vez vendida, cantidades millonarias.
El fiscal entiende que por parte de los tres guardias 'se venía controlando la introducción de sustancias estupefacientes (...) procediendo fundamentalmente a la intervención de la misma y a la detención de los compradores de la misma una vez que se había entregado el precio (sic), (..) y por ende garantizando el cobro de la comisión que previamente había estipulado'. El fiscal ha desechado la posibilidad de acusar también a los funcionarios por narcotráfico.
El fiscal cita al confidente José Antonio Cerrudo Grimaldi, quien ya tiene una condena por tráfico de drogas, como el contacto de los funcionarios de la Guardia Civil, 'que incluso participaban en la custodia de la sustancia'. Según el relato del representante del Ministerio Público, los agentes esperaban a que el confidente e introductor de la droga localizara a los compradores 'y culminase la operación de venta'. Entonces, detenían a los compradores y el propio Cerrudo les entregaba una parte de sus beneficios.
Uno de los guardias implicados, Sebastián Aguilar, ya fue condenado por la Audiencia el año pasado a cinco años y medio de prisión por considerar probado que dirigía una banda de narcotraficantes junto a un agente del SVA, que también fue condenado. El otro implicado de la Guardia Civil es Anselmo Torrecilla.
El fiscal implica a los tres guardias citando casos, fechas y cantidades concretas. Una de las operaciones se desarrolló en Conil, en octubre de 1996. Se desembarcaron 800 kilogramos de hachís, que fueron guardados por Cerrudo en un polígono Industrial de San Fernando, 'siendo custodiado tal transporte' por dos de los imputados. Cerrudo cobró entre 12 y 16 millones de pesetas, 'entregando parte de esta cantidad a Aguilar, que lo repartió con Osorio', dice el fiscal.
Los agentes intervinieron también, supuestamente en la introducción de un alijo de 2.500 kilogramos por la costa de Chiclana. El guardia Aguilar percibió unas 15.000 pesetas por kilo, 'que repartió con los otros dos imputados'. 'En el transporte hasta el polígono participan tanto Osorio como Aguilar', sostiene el fiscal.
La tercera operación que se cita es la del llamado caso del peaje, en la que se intervinieron unos 400 kilogramos de la misma droga. Cerrudo, Osorio y Aguilar percibieron, según el fiscal, entre 2,5 y tres millones de pesetas. Hay una cuarta operación, en agosto de 1997, cuando se introducen 1.000 kilogramos de hachís, por un lugar indeterminado de la costa gaditana, una operación que le iba a suponer a Cerrudo el cobro de 25.000 pesetas por kilogramo, 'teniendo la cobertura de los acusados Osorio, Aguilar y Torrecilla'. Aquel alijo fue interceptado por funcionarios de la UDYCO del CNP.
Osorio, al igual que el condenado Aguilar, mantuvo durante el juicio anterior, que Cerrudo los inculpó por presiones de funcionarios de la Udyco, con los que mantuvieron alguna colisión en operaciones de interceptación de drogas. Osorio, que está destinado como capitán en la sierra de Cádiz, no quiso ayer opinar sobre el escrito del fiscal a petición de este periódico y se remitió al resultado judicial del caso. Sólo dijo desconocer el escrito.
