La cizaña

El inminente comienzo -el próximo viernes- de la campaña oficial de las elecciones vascas ha intensificado los movimientos de todos los partidos para mejorar sus posiciones en la línea de salida y para preparar sus cartas con vistas a los juegos de alianzas tras la apertura de las urnas. La coalición nacionalista moderada (PNV y EA) se esfuerza por distanciarse de EH -el brazo político de ETA- y por presentarse como la única garantía del autogobierno, la cohesión social y las estrategias de paz. Los desacuerdos tácticos entre PP y PSOE han comenzado esta semana a enturbiar sus entendimientos estratégicos de fondo en defensa de la Constitución y del Estatuto de Guernica. Por lo demás, era inevitable que populares y socialistas, pese a sus planteamientos en común a favor de las libertades y los derechos individuales, pugnasen por abrirse espacios electorales propios en la campaña; de añadidura, las heridas producidas por la encarnizada campaña librada por el PP contra el PSOE entre 1993 y 1996 todavía no han cicatrizado. En cualquier caso, la cizaña sembrada últimamente por algunos dirigentes populares (como el incontinente Javier Arenas) y por periodistas a quienes ciega la fobia antisocialista, empeñados en acusar al PSOE de hablar un doble lenguaje y de preparar un pacto a traición con los nacionalistas fieles al Pacto de Estella, de nada servirá a los constitucionalistas: los incrementos de votos del PP a costa del PSOE serían un estéril juego de suma cero.

El Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo, suscrito el pasado diciembre por PP y PSOE, restringe el área de posibles conflictos entre ambas formaciones. Ese documento, vinculante para ambos partidos mientras el terrorismo no sea definitivamente erradicado, sienta como principio irrenunciable que 'el abandono definitivo, mediante ruptura formal, del Pacto de Estella' (y de sus organizaciones derivadas) constituye 'un requisito imprescindible para alcanzar cualquier acuerdo político o pacto institucional' con el PNV y EA. El texto no se limita a subrayar que el corte tajante de los nacionalistas moderados con el nacionalismo radical es 'una condición evidente y necesaria' para la 'reincorporación de estas fuerzas políticas al marco de unidad de los partidos democráticos para combatir el terrorismo'; también recuerda que la 'recuperación plena' de la unidad perdida desde el Pacto de Ajuria-Enea 'debe llevarse a cabo en torno a la Constitución y el Estatuto de Guernica'.

Así pues, cualquier debate de buena fe sobre los hipotéticos acuerdos parlamentarios de populares y socialistas con los nacionalistas moderados debe circunscribirse exclusivamente al supuesto de que PNV y EA abandonen el desastroso rumbo iniciado por su pacto secreto con ETA y su acuerdo público con EH durante el verano de 1998. Por supuesto, siempre cabe jugar teóricamente con la conjetura de que el PP o el PSOE pudieran incumplir su palabra y pactar con el nacionalismo moderado sin previa ruptura con el Pacto de Estella; sin embargo, la altísima improbabilidad de que ese escenario llegue a producirse invita a descartarlo. Los humillantes esfuerzos desplegados por algunos publicistas afines al Gobierno para que los socialistas cargasen con la probatio diabolica de su lealtad al Acuerdo por las libertades son un monumento a las prácticas inquisitoriales y al sectarismo político.

¿Qué podría ocurrir en el improbable supuesto de que la coalición PNV-EA aceptase las exigencias de populares y socialistas? En un pasaje célebre, Marx sostuvo que la humanidad sólo se plantea los problemas que puede resolver; los partidos constitucionalistas tampoco deberían dedicarse a juguetear, como la lechera del cuento, con hipótesis poselectorales fantasiosas. Resulta fácil entender que al PP no le guste un eventual gobierno de concentración con nacionalistas y socialistas, caso de tomar cuerpo la debilísima posibilidad de una ruptura con Estella del PNV y EA: la historia enseña que los segundos más votados en las urnas (muy posiblemente los populares el 13-M) cuentan con menos oportunidades para presidir una coalición tripartita que los primeros llegados a la meta (seguramente, los nacionalistas), o que los terceros convertidos en bisagra (los socialistas en tal escenario). Sería absurdo, sin embargo, poner en peligro la unidad de los dos partidos constitucionalistas en torno a cuestiones fundamentales por culpa de conjeturas difícilmente imaginables: no hay razones de peso para apostar por un cambio radical de las posiciones de la coalición PNV-EA después del 13-M.