De Miguel respeta a la Iglesia pero defiende la ley de parejas de hecho

Las severas críticas vertidas por diversos portavoces de la jerarquía eclesiástica hacia la reciente aprobación de la ley de parejas de hecho en la Comunidad Valenciana fueron recibidas ayer con 'respeto y cariño' por la portavoz del Consell, Alicia de Miguel, quien, sin embargo, defendió que el gobierno autonómico 'tiene obligaciones que van más allá' de la consideración hacia otras instituciones y explicó que se ha 'regulado una situación social que era una evidente realidad'.

De Miguel, en rueda de prensa, explicó que 'los pronunciamientos' de la Iglesia son 'absolutamente normales'. 'Los comprendemos y tenemos todo el afecto y cariño para los máximos representantes de la Iglesia y para los colectivos que han expresado libre y voluntariamente su opinión, la cual respetamos absoluta y profundamente', dijo. Sin embargo, añadió, el Consell ofrecer un marco jurídico 'a una serie de situaciones sociales que son una realidad' en la Comunidad Valenciana.

De Miguel reiteró el 'respeto, afecto y cariño que como cristianos nos merece a muchos de nosotros la opinión de la Iglesia y de los colectivos católicos'. Y explicó que el Consell 'ha expresado con claridad' y ha llevado a cabo diversos proyectos tanto en la legislatura pasada como en esta en los que 'apoya de manera indiscutible a la familia'. Más aún, la consejera portavoz explicó que el Consell 'considera que la institución familiar es la base y el núcleo de la social, y que es fundamental para el desarrollo psicológico y la maduración de las personas'.

Cambios educativos

El Consell aprobó también dos modificaciones introducidas por el actual consejero de Educación, Manuel Tarancón, al conflictivo Decreto de Admisión de Alumnos elaborado por su antecesor Francisco Camps. Los cambios, uno de ellos, forzado por la reivindicación de los sindicatos, consiste en 'garantizar la continuidad del alumnado de Educación Secundaria en el mismo instituto, tanto en la modalidad de Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, como en la de Humanidades y Ciencias Sociales'.

Sin embargo, también introduce una modificación en el tramo de Educación Infantil que ha sido duramente criticada por oposición y sindicatos: la obligación de los padres de volver a solicitar plaza en el mismo centro cuando su hijo vaya a pasar al tramo obligatorio del segundo ciclo de Educación Infantil. 'Para este tramo educativo se establece un nuevo proceso, ya que garantizar la continuidad en el propio centro de aquellos alumnos que se han escolarizado en el primer ciclo de Educación Infantil puede dificultar el acceso a los mismos del alumnado que no se escolarizó' en el primero'. Este cambio fue calificado de 'concesión a la reivindicación de las patronales de la enseñanza privada' para fomentar el desplazamiento a lo colegios concertados en este tramo.