Opciones del 13-M

A tres semanas de las elecciones vascas, el atentado de ayer en Hondarribia contra una familia en la que hay dos concejales del Partido Popular ha venido a subrayar cuál debe ser la prioridad máxima del Gobierno que salga de las urnas: hacer lo necesario para acabar con el estado de excepción impuesto por ETA a la mitad de la población de Euskadi; combatir con eficacia el terrorismo a fin de garantizar la libertad de todos los ciudadanos; impedir que las decisiones políticas estén secuestradas por el conglomerado etarra.

Las democracias descubrieron tiempo atrás que las crisis excepcionales exigen respuestas de amplio consenso. La normalización del País Vasco exige como mínimo un acuerdo parlamentario que comprometa a todos los demócratas en la defensa de las libertades; esto es, en el combate frontal al terrorismo de cualquier intensidad. Un Gobierno de amplia base, representativo de las principales tradiciones democráticas vascas (la nacionalista, la liberal-conservadora y la de la izquierda no nacionalista), debería quedar a salvo de las maniobras desestabilizadoras que tratará de desplegar el nacionalismo impositivo de ETA y su brazo político.

Para que esa combinación fuera verosímil debería producirse, en todo caso, una corrección en toda regla del rumbo soberanista que el PNV emprendió hace tres años con el Pacto de Estella y que, lejos de rectificar, ha subrayado en el programa electoral trazado conjuntamente con EA. Los electores no tienen ningún indicio serio de que eso vaya a cambiar después del 13 de mayo.

Por difícil que hoy parezca, el primer cometido de todos los partidos democráticos, antes y después de las elecciones, debería ser formalizar un nuevo compromiso que vincule a nacionalistas y no nacionalistas contra ETA y a favor de las libertades civiles de todos los ciudadanos. Ése, y no otro, es el sentido del acuerdo que suscribieron el PP y el PSOE meses atrás por iniciativa de José Luis Rodríguez Zapatero, acogida primero con desdén por el partido de Aznar y rechazada por el PNV y EA como una iniciativa antinacionalista, pese a que en nada choca con la doctrina expresada recientemente por Ardanza. Pero justamente porque el nacionalismo que se presenta a estas elecciones no es el que simboliza el ex lehendakari, reconocible en el Pacto de Ajuria Enea, a corto plazo parece inviable un Gobierno de concentración y nada probable una reedición de la gastada fórmula PNV-PSOE. Es incluso plausible que la recomposición del consenso de los demócratas pase por un ejercicio de alternancia en el Gobierno vasco. Hay ejemplos sobrados de que a veces los partidos sólo corrigen su rumbo cuando los electores les apean del poder.

Si se diera una mayoría PP-PSOE capaz de evitar el obstruccionismo de EH significaría que el electorado desautoriza claramente la deriva soberanista del nacionalismo e implicaría, por tanto, un mandato a favor de la alternancia. El pluralismo no ha de expresarse siempre en una coalición presidida por el PNV, y tras 21 años de hegemonía nacionalista sería lógico el cambio. En esa hipótesis, la reincorporación del nacionalismo al consenso estatutario habría de plantearse mediante acuerdos similares a lo que fue el Pacto de Ajuria Enea (que no sólo era un acuerdo entre nacionalistas y no nacionalistas, sino entre Gobierno y oposición). Pero ese objetivo de búsqueda del consenso contra el terrorismo debería estar presente desde ahora en los planteamientos de los partidos constitucionalistas. Sobre todo evitando actitudes que perjudiquen las expectativas de los nacionalistas críticos con el rumbo soberanista. Como dice Ramón Recalde en la entrevista que hoy publica El País Semanal, si el nacionalismo no rompe con Lizarra, no habrá más remedio que intentar llevarlo a la oposición, pero si rectifica habría que 'apostar por un Gobierno de concentración'.

La tercera opción sería una mayoría constitucionalista relativa. Es decir, suficiente para formar Gobierno, pero sometida a la amenaza de derrota parlamentaria permanente por un eventual acuerdo entre el nacionalismo democrático y EH. Bastaría que se repitiesen los resultados de 1998 para que un candidato apoyado por los partidos no nacionalistas obtuviera, en segunda votación, la investidura. En 1998 la obtuvo Ibarretxe porque contó con el apoyo de EH, formación con la que pudo firmar un pacto de legislatura gracias a que ETA estaba en tregua. Rota ésta, una repeticion de ese acuerdo es poco probable. Luego es verosímil un Gobierno PP-PSOE, que, aun sin contar con mayoría absoluta, sería tan legítimo como lo fueron los primeros del PNV, que tampoco la tenían, pero se beneficiaron de la ausencia de HB del Parlamento. Legítimo, pero débil. Expuesto a una obstrucción permanente, Otegi ya ha dicho que sólo después de los comicios decidirán si participan o no en la Cámara. Harán lo que diga ETA. Si el PNV decidiera derribar ese hipotético Gobierno mediante una moción de censura pactada con el brazo político de los terroristas, como ha amenazado Arzalluz, alcanzaría niveles de deslealtad democrática que su partido no había franqueado hasta ahora. Y desautorizaría el compromiso de Ibarretxe de no pactar con EH mientras persista la violencia. Hasta Egibar ha dejado claro recientemente que el acuerdo es imposible mientras siga ETA y EH plantee una propuesta que prescinde de los 'ciudadanos que no se sienten nacionalistas'. La amenaza sería, por tanto, real, pero un pacto con EH no dejaría de plantear a los nacionalistas problemas gravísimos. El hecho de que el nacionalismo siga gobernando en dos de las tres diputaciones, lo que le otorga un considerable poder, será seguramente un factor moderador.

Lo que no resultaría lógico es que, para evitar el chantaje de EH, los partidos constitucionalistas pacten con los nacionalistas aunque éstos persistan en su estrategia de desbordar por vía de hecho el marco autonómico. Estarían avalando así la aventura soberanista y perjudicando a los sectores que dentro del nacionalismo defienden que el consenso estatutario es condición para acabar con ETA. No favorecería en todo caso el objetivo prioritario de reconstruir el consenso contra el terrorismo, que es el que debe guiar la estrategia de los demócratas en esta hora decisiva.