Condenado a 17 años el principal imputado por el 'caso Intelhorce'

El fallo, que condena sólo a siete de los 16 acusados y acuerda penas sensiblemente inferiores a las pedidas por la fiscalía, establece que los condenados paguen al Estado una indemnización de 8.000 millones por daños y perjuicios.

La Audiencia considera probado que al comprar la empresa en 1989, Orefici cometió delitos continuados de estafa, falsedad y contra la Hacienda pública y le castiga con penas de ocho, cinco y cuatro años, respectivamente. La condena es la más elevada, aunque apenas supone la mitad de los 33 años que reclamaba el fiscal. La Audiencia dispone que Orefici pague una multa de 220 millones y que, junto a los otros condenados, abone al Estado una indemnización por daños y perjuicios de 7.993 millones. De esta cifra, responderán subsidiariamente sus empresas Benorbe y Benservice, a través de las cuales se fraguaron y ejecutaron los delitos.

El fallo exculpa a Luis Alcaide de la Rosa, ex director de Patrimonio del Estado; a Miguel Ángel Herrera Chamorro, ex subdirector de esa institución; y a José Miguel Moreno García, ex titular de la empresa pública Improasa, que medió en la privatización. Moreno fue autor de un informe favorable a la venta de Intelhorce a Orefici en el que se le relacionaba con el grupo textil Benetton. Estos altos cargos estaban imputados por presuntas irregularidades en el proceso privatizador y, algunos, por el supuesto cobro de comisiones para favorecer la compra de Orefici. Su absolución fue criticada ayer por el PP y CC OO, que apuntaron que no se habían depurado 'todas las responsabilidades'.

Entre los condenados tampoco está José Miguel Muñiz, administrador único de la factoría tras la privatización y principal imputado junto a Orefici. Su causa fue sobreseída hace más de dos años por una 'demencia sobrevenida' que, según el informe forense, anulaba su capacidad para entender los hechos de que se le acusaba.

A quien sí condena la sentencia, publicada ayer por el diario Sur, es al asesor financiero de Orefici, Abel Arribas Fernández. El tribunal le impone penas de siete años por un delito continuado de estafa y otro de falsedad. El resto de los condenados son abogados y empresarios que participaron en el entramado urdido por Orefici a partir de 1989 y que en apenas tres años convirtió una fábrica pública saneada y con 21.000 millones de capital, en una empresa en quiebra, lo que motivó su vuelta a la tutela estatal en 1992. Entre ellos está Álvaro García Lavigne, condenado a dos años, cuatro meses y un día por simulación de contrato y a una pena similar por un delito contra la Hacienda pública.

La lista se completa con un antiguo trabajador de la factoría, un consejero de una aseguradora, un conde austriaco y un letrado, cuyas condenas suman nueve años por los delitos de encubrimiento y contra la Hacienda pública. Entre los inculpados absueltos destacan, además de los ex altos cargos, el hijo del empresario, Paolo Orefici.

En 1991 la fiscalía archivó una querella de CC OO por irregularidades en la privatización al no apreciar indicios de delito. UGT insistió en 1994 con una denuncia similar que desembocó en el caso más largo de la historia judicial malagueña. De los 42 acusados que había hace dos años cuando comenzó el juicio, apenas quedaban 16 cuando acabó en febrero. El fiscal pedía 170 años. Sólo han sido condenados siete y a 38 años.