PNV y PSOE acusan a Ansuátegui de tratar 'como delincuentes' a los manifestantes

El PNV y el PSOE arremetieron ayer en el Congreso contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Javier Ansuátegui, al que acusaron de tener una concepción del orden público propia de otras épocas y de tratar 'como delincuentes' a quienes quieren manifestarse en la capital de España. El ministro del Interior, Mariano Rajoy, tuvo que escuchar las invectivas contra su subordinado -cuya destitución ha sido solicitada incluso ante la ONU- y, tras negar la mayor, admitió que en la étapa Ansuátegui 'ha habido tres actuaciones fuertes de la policía'.

El nombre de Ansuátegui planeó por la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, a la que Rajoy había acudido no para hablar del delegado, sino de las líneas maestras de su departamento para esta legislatura. Fue el portavoz socialista de Interior, Victorino Mayoral, quien abrió fuego contra Ansuátegui. 'Ha tratado como delincuentes a pequeños grupos de ciudadanos que querían manifestarse en Madrid', dijo Mayoral, para quien la conducta del delegado obedece a 'su vieja concepción sobre el orden público, que incluso llega a entender como un trasunto del orden económico y social'.

El portavoz socialista se refería a las declaraciones de Ansuátegui en las que afirmaba que el campamento montado por los trabajadores de Sintel en la Castellana es 'insostenible', y que en cualquier momento podría ejecutarse su desalojo. 'Al delegado le preocupa más que haya gente manifestándose en la calle que la dramática situación económica y laboral que sufren esas personas', concluyó Mayoral.

Hasta en la ONU

El parlamentario del PSOE recordó que más de 40 asociaciones de Madrid han pedido al Gobierno la destitución de Ansuátegui 'incluso en la ONU'. Margarita Uría, diputada del Partido Nacionalista Vasco, tomó el relevo en las críticas 'por los excesos' de Ansuátegui, cuya destitución prácticamente solicitó con una fórmula retórica. 'Ha sido para mí una sorpresa el que haya dicho que mientras no haya cambio de Gobierno no se le puede cesar. Eso no sólamente pude hacerse sino que es perfectamente posible que lo cesen', dijo Uría.

Rajoy terció en ese momento, pero no para hacer una defensa cerrada del delegado del Gobierno. El vicepresidente explicó que desde que Ansuátegui llegó a la Delegación del Gobierno en Madrid, el 12 de mayo del año pasado, se han autorizado en Madrid 754 manifestaciones (dos diarias) y 'sólo se han prohibido 10', de las que ocho han sido recurridas aunque los tribunales sólo han aceptado uno de esos recursos.

Rajoy agregó que otras 45 peticiones de autorización fueron rechazadas porque no fueron comunicadas en el plazo legal 'y por lo tanto no se podían autorizar'. Esta afirmación le supuso una corrección de Margarita Uría, quien citó la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual esas peticiones fuera de plazo pueden llegar a aceptarse siempre que quede un tiempo suficiente para su celebración y sea posible la vista preliminar del interesado.

'Empapelar las Cortes'

El ministro admitió que en la era Ansuátegui se habían producido 'tres actuaciones con cargas policiales fuertes', que desgranó: 'La de unos ciudadanos que pretendían empapelar el Congreso con carteles [el 26 de noviembre pasado], algo que ya dije que era discutible; otra por la manifestación de trabajadores de Sintel ante la sede del PP en la calle de Génova, en la que hubo un herido [el 13 de junio] y otra el 20 de noviembre, en la que grupos radicales de izquierda destrozaron mobiliario urbano en la zona de Jacinto Benavente'.

El capítulo dedicado a Ansuátegui se cerró tras una pregunta muy concreta de Felipe Alcaraz, de IU, a Rajoy: '¿Ha dado usted órdenes para desmantelar el campamento de Sintel?'. El ministro, en su línea de 'ironía gálica' subrayada por Mayoral, contestó: '¿Usted qué cree? Si lo hubiera ordenado, está claro que no me han hecho caso, lo que haría buena la tesis que dicen ustedes de que he venido al ministerio una temporada para guardarle el sitio a Jaime Mayor Oreja'.