Managua espera más ayuda de Washington en el conflicto de propiedades confiscadas por sandinistas

Con la resolución de más de 300 reclamaciones de ciudadanos estadounidenses sobre propiedades confiscadas por el régimen sandinista, Nicaragua espera obtener de nuevo el beneplácito anual de Washington y, con él, ayuda económica, que el año pasado fue de 65 millones de dólares estadounidenses (73.189.960 euros).

"Existe voluntad de resolver los conflictos tanto de ciudadanos nicaragüenses como de extranjeros. En el caso específico de los norteamericanos, este año llevamos un promedio de 358 casos, y en su mayoría están contemplados como casos prioritarios que nos ha señalado la embajada de Estados Unidos", afirmó recientemente Yamila Karin, Intendente de la Propiedad. La mayoría de los conflictos se han solucionado mediante la entrega a los reclamantes de Bonos de Pago por Indemnización.

Cada año, Nicaragua espera ansiosamente el denominado waiver, la exención de la aplicación de la Ley estadounidense de Autorización de Relaciones Extranjeras, aprobada en 1995. Esta disposición determina la suspensión de las ayudas económicas, y el voto en contra en las decisiones de los organismos financieros internacionales tales como el Fondo Monetario internacional o el Banco Mundial, a los países que hayan confiscado propiedades de ciudadanos estadounidenses sin compensación. Sin embargo, la Casa Blanca puede otorgar el beneplácito a aquellas naciones que hayan solucionado "un número sustancial de reclamaciones por año de casos registrados", según se lee en un comunicado de la embajada norteamericana.

Managua ha aumentado significativamente el volumen de procesos resueltos en el último año waiver (del 1 agosto a 31 julio), dado que la media de casos resueltos desde 1995 es de 130 anuales. Por ello, se espera la concesión de un nuevo respiro, aunque Washington no va "a estar satisfecho hasta que esté indemnizado el último de sus reclamantes", según advirtió Karin. Y así parecía reafirmarlo Estados Unidos cuando, desde el pasado febrero, prohíbe la entrada al país de cualquier nicaragüense que ocupe una propiedad reclamada por un estadounidense. Quedan pendientes alrededor de 600 casos de empresas o ciudadanos norteamericanos, o nicaragüenses que adquirieron la nacionalidad, que perdieron la posesión de sus tierras y edificios durante la reforma agraria y las confiscaciones llevadas a cabo por el gobierno sandinista de la década de los 80.

Una de esas empresas es Flamingo Investment Corporation, que exige la devolución de los terrenos y edificios donde se ubican la Dirección de la Policía Nacional, la Procuraduría General de Justicia (Ministerio Fiscal) y el Instituto de la Seguridad Social de Desarrollo Humano, los tres dependientes del Ministerio de Gobernación (Interior).

El de la propiedad es un problema que también afecta a un número indeterminado de nicaragüenses confiscados. Según un informe realizado a principios de año por la Oficina de Planificación de la Corte Superior de Justicia, quedan 756 reclamos presentados por nacionales por resolver, aunque Julio Centeno, Procurador General, reitera que son más de 5.000.