La oposición y el PP evitan que cobren los patronos de las fundaciones
El Parlament debate hoy la nueva ley de fundaciones

El rechazo conjunto de la izquierda y el PP impedirá que prospere hoy en el Parlament la pretensión del Gobierno catalán de que los patronos de las fundaciones cobren por el mero hecho de serlo. Ésta es una de las más llamativas reformas que contenía el anteproyecto de ley de fundaciones privadas remitido por el Gobierno de CiU al Parlament, que hoy debate el pleno de la Cámara. En Cataluña hay cerca de 1.600 fundaciones y cada año se crean más de 100.
La creación de fundaciones ha experimentado una espectacular expansión en los últimos años, hasta el extremo de que en la actualidad dan trabajo a unas 50.000 personas en Cataluña, dentro de lo que ha venido en llamarse el sector de la economía social. Crean fundaciones empresas, familias adineradas, grupos de personas que persiguen objetivos sin ánimo de lucro, entidades religiosas. Pero también los partidos. Y las administraciones.
Ahí es donde comenzaron las suspicacias. El anteproyecto de ley remitido por el Gobierno de CiU al Parlament para adaptar la legislación a esta expansión pretendía que 'el cargo de miembro del patronato puede ser retribuido', si así lo disponen los estatutos de cada fundación. Tanto la izquierda como el PP creyeron ver en esta propuesta la creación de una 'pista de aterrizaje' para el numeroso personal político que tendrá que cambiar de ocupación cuando haya un cambio de color en el Gobierno de la Generalitat.
La diputada del PP Dolors Nadal cree que la suspicacia está plenamente justificada desde el momento en que el Gobierno catalán 'puede crear fundaciones y colocar en ellas a los patronos que quiera sin tener que someterse a ningún control en este aspecto'. La misma opinión mantienen los diputados Àlex Masllorens, del PSC-Ciutadans pel Canvi, y Joan Ridao, de Esquerra Republicana, que junto con el ecosocialista Rafael Ribó, integran la ponencia que ha estudiado el anteproyecto.
La coincidencia de la izquierda y el PP permitirá que hoy se apruebe una enmienda que precisa que los patronos de las fundaciones 'no son retribuidos por el mero ejercicio de su cargo', aunque puedan recibir compensaciones por los gastos que esa dedicación les acarree. Si algún miembro del patronato ejerce además tareas de dirección, gerencia o administración de la fundación podrá hacerlo de forma retribuida. Pero entonces deberá ser 'en el marco de una relación contractual' que incluya también la meramente laboral.
La oposición y el PP han impuesto también otros límites al anteproyecto del Gobierno de CiU. Se ha introducido la obligación de realizar auditorías anuales a todas las fundaciones cuyo presupuesto supere los 2,5 millones de euros al año. Se ha introducido también la obligación de que la dotación inicial para crear una fundación sea suficiente para alcanzar sus fines.
Este requisito pretende evitar la proliferación de fundaciones que aspiren a financiarse exclusivamente, o en gran parte, con subvenciones de las administraciones, una práctica que corre paralela a la aparición de las denominadas microfundaciones.
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