Las subsaharianas que se prostituían en la Casa de Campo se niegan a declarar contra las mafias

La Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España permite que las víctimas de las redes de prostitución queden exentas de responsabilidad administrativa y se libren de la expulsión si denuncian a los autores o cooperadores en la explotación de la que son objeto. A estas personas se les podría facilitar el regreso a su país o bien la estancia legal en España junto con permiso de trabajo y opciones para su integración social. Pero ninguna de las prostitutas rescatadas de la Casa de Campo se ha acogido a esta posibilidad.

El pasado mes de febrero, agentes de la Unidad Central de Extranjeros desarticularon en Madrid una red dedicada a la introducción de subsaharianas con documentación falsa para explotarlas como prostitutas en la Casa de Campo. La banda llegó a traer a España a unas 150 mujeres en cuatro meses, tras cruzar el Estrecho en pateras.

En la desarticulación de la citada banda fueron detenidas 20 personas -cinco de ellas mujeres-, de las que sólo cuatro permanecen todavía en prisión. El resto, según informa Europa Press, pasó a disposición de los jueces, que decretaron su libertad con cargos.

La mayoría de las mujeres provenían de Nigeria. La policía halló, tras la desarticulación de la red, 11 contratos en los que otras tantas mujeres reconocían una deuda de 40.000 dólares (unos 7,4 millones de pesetas) a cambio del viaje a España, y se comprometían a saldar la deuda o perder la vida: 'Prometo pagar la suma de 40.000 dólares a mi tía Iveve, y yo (...) declaro que no voy a fallar las normas y que no contaré nada a la policía hasta que esta cantidad sea pagada. Si fallo normas a mi tía Iveve, tienen el derecho a matarme a mí y a mi familia en Nigeria. Mi vida es equivalente a la suma que debo a mi madame. Declaro que este acuerdo es explicado a mí en mi dialecto y que lo comprendo perfectamente, y que este documento va a ser destruido cuando pague la suma total', rezaba uno de los contratos.

En algunos casos, la banda tenía esclavizadas a las mujeres como prostitutas durante un par de meses para obtener de ellas un suculento beneficio inmediato en cumplimiento del contrato que les obligaban a firmar. Después, las vendían por dos millones de pesetas a otras redes de proxenetas. Sus nuevos propietarios heredaban todos los derechos sobre estas esclavas sexuales. De esa forma, la deuda la contraían ahora con el nuevo comprador, y era a él a quien tenían que dar el dinero de sus servicios. La policía localizó en Parla, Alcorcón y Móstoles algunos de los pisos donde eran recluidas estas mujeres.

Según explica el Gobierno de José María Aznar en su respuesta al Grupo Parlamentario de IU, la Unidad Central de Extranjeros, dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Documentación, ha reforzado los recursos materiales y personales para coordinar las investigaciones -que se llevan a cabo junto con las policías de otros países- encaminadas a terminar con esta explotación de mujeres.

En la misma respuesta del Ejecutivo se indica que la policía está llevando a cabo un tratamiento individualizado de las mujeres afectadas, con el correspondiente estudio sobre su situación personal y legal.