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La Generalitat quiere reducir la deuda de la CCRTV

El Gobierno de CiU ha querido poblar el desierto de un sector puntero como las telecomunicaciones en esta comunidad autónoma atrayendo a operadores con intereses en esta industria. Este desierto contrasta con la importancia del mercado catalán para cualquier operador que preste sus servicios en el resto de España, y el establecimiento en Cataluña de alguno de ellos sería para la Admnistración catalana una vía para conseguir dinero con el que reducir las proporciones de su deuda y, en particular, la que arrastra la Corporación Catalana de Radio y Televisión, que hoy asciende a 104.000 millones de pesetas. El primero de estos objetivos era compartido por la oposición socialista. El segundo despertó sus críticas. El diputado Miquel Barceló, de PSC-Ciutadans pel Canvi, ha insistido en numerosas ocasiones en destinar estos fondos a nuevas infraestructuras de telecomunicaciones, particularmente en las zonas donde no lleguen los operadores por considerarlas menos rentables. El Departamento de Presidencia mantiene que no ha habido compromiso.

Socio catalán

La primera privatización que se llevó a cabo fue la de Cigesa, que existía desde la primera mitad de la década de 1980. El comprador fue, en diciembre de 1998, Debis Systemhaus, filial tecnológica del consorcio automovilístico Daimler Chrysler, que pagó por el 100% de Cigesa 3.000 millones de pesetas. Como la Generalitat necesitaba controlar los servicios informáticos, se quedó con 25 informáticos de Cigesa, que pasaron a trabajar para el Centro de Telecomunicaciones. Posteriormente, el 50,1% de Debis, que se había comprometido a invertir en España 6.000 millones de pesetas en cuatro años, pasó a una filial de Deutsche Telekom, T-Systems. El primer operador alemán pretendía así reforzar su posición en la tecnología de las telecomunicaciones, además de acceder a los grandes clientes nacionales e internacionales de Debis. En España, los primeros clientes de T-Systems son el grupo Allianz, La Caixa y la propia Generalitat. El año pasado, la compañía, dirigida por Vicenç Yeves, tuvo un volumen de negocio de 23.615 millones de pesetas. Su sede central está en Barcelona, pero la sede social está en Madrid. De los 1.844 empleados de T-Systems España, 800 están en Cataluña.

La segunda operación que efectuó la Generalitat estuvo relacionada con el Centro de Telecomunicaciones, ya que abrió un concurso para privatizar su filial Catalana de Telecomunicaciones. Uni2, operador controlado en un 69% por France Telecom, se hizo con el 65% tras presentar la oferta más elevada de entre las otras cuatro firmas que pujaron (Comunitel, GTS, Worldport y Cable i Televisió de Catalunya): 8.216 millones de pesetas, 6.120 millones más que el precio mínimo previsto en el concurso. Al mismo tiempo, Uni2 amplió capital para elevar su participación al 75% del accionariado, lo cual le supuso un desembolso adicional de 5.056 millones. El 25% continúa en manos de la Generalitat, que quiere venderlo, en principio este año, a un 'socio catalán'.

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