El voto en el País Vasco
La ocultación del voto en los sondeos preelectorales para la cita del 13 de mayo debe ser interpretada como un síntoma de las deterioradas condiciones de la vida democrática en el País Vasco: el temor de los encuestados a manifestar sus preferencias advierte sobre los obstáculos que deberá superar en las urnas el ejercicio del sufragio universal, libre y secreto. El derecho a designar representantes, garantizado por el artículo 23 de la Constitución de 1978, es un fundamento del sistema democrático, siempre amenazado por los enemigos de las libertades, que planean imponer su voluntad minoritaria al resto de la sociedad.
La universalidad del sufragio, esto es, la inclusión de toda la ciudadanía adulta sin distinción de sexo, ideología y clase social en el censo, es el resultado de una larga evolución. Durante largo tiempo, el sufragio censitario reservó el voto a reducidas capas de propietarios varones; en los primeros años de la Restauración apenas el 5% de los españoles tenían acceso al sufragio. Otra fuente habitual de exclusión fue el analfabetismo. Y aunque la plena ciudadanía política se extendió progresivamente en los países avanzados a toda la población masculina adulta, el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres fue muy tardío (1928 en el Reino Unido y 1945 en Francia). La rebaja generalizada de la edad de votar a los 18 años no se produciría hasta la década de los setenta. Actualmente sólo los extranjeros están excluidos del derecho a designar representantes en las instituciones públicas; con todo, los ciudadanos de la Unión Europea pueden elegir y ser elegidos en los comicios municipales de los países miembros.
La puesta en práctica a medio plazo del sistema electoral excluyente y discriminador diseñado por el brazo político de ETA y aceptado como principio por los sectores soberanistas del nacionalismo moderado implicaría una formidable regresión en ese proceso de universalización del sufragio: casi la mitad de la población vasca quedaría despojada del voto, reservado exclusivamente a los vascos de confesión nacionalista inscritos voluntariamente en un nuevo censo creado para tal propósito. No se trata de una fantasía futurista, sino de una pesadilla en gestación: los ayuntamientos del País Vasco gobernados por el nacionalismo radical han comenzado a elaborar el censo electoral vasco y a extender un Documento Nacional de Identidad también vasco al margen de la legalidad. Entretanto, PNV y EA contemplan con benevolencia la iniciativa y ayudan bajo cuerda a impulsarla. La consigna lanzada por EH para que sus simpatizantes se acrediten ante las mesas el 13 de mayo exclusivamente con ese documento de identidad pirata provocará conflictos e impugnaciones sin cuento.
Además de invitar a ese ensayo de limpieza étnico-electoral excluyente de la mitad de la población vasca, el nacionalismo radical se dispone a impedir el ejercicio libre y secreto del voto de los ciudadanos. Junto al sufragio universal, el fundamento de la democracia representativa es la autenticidad de las elecciones: la desigualdad de oportunidades de los candidatos, la intimidación a los votantes y el fraude de los escrutinios son algunos de los instrumentos utilizados con el propósito de falsearlas. Para ilustrar esas prácticas destructoras de las instituciones representativas no hace falta remontarse al caciquismo de la Restauración o a los procedimientos aplicados hasta tiempos recientes en el sur de Estados Unidos contra la población de color. Los asesinatos de concejales y dirigentes del PP y del PSOE, los atentados contra las sedes de esos partidos o contra las viviendas y negocios de sus militantes y las intimidaciones de la kale borroka crean condiciones de desigualdad manifiesta para los candidatos populares y socialistas, obligados a guardar medidas de seguridad personal difícilmente compatibles con los actos de propaganda partidista en los lugares públicos.
Las amenazas al juego limpio y al carácter competitivo de la convocatoria son abundantes. Los interventores y los apoderados del PP y el PSOE deberán hacer frente a las restricciones artificiales impuestas por la legislación electoral vasca y al ominoso clima de hostigamiento reinante en los núcleos de población controlados por el nacionalismo radical. En esa situación, ni siquiera el secreto del voto, otra de las conquistas de la democracia representativa, está asegurado: los esfuerzos de populares y socialistas para promover el voto por correo están plenamente justificados. El Gobierno de Vitoria tiene el inexcusable deber de impedir la materialización de esas amenzas reales y visibles al ejercicio del sufragio universal, libre y secreto en el País Vasco.
