Bruselas investiga las ayudas concedidas a los agricultores españoles por la subida de carburantes

El comisario europeo de Agricultura y Pesca, Franz Fischler, se ampara en la normativa sobre ayudas de Estado para abrir formalmente la investigación. Los servicios de la Dirección General de Agricultura ponen en cuestión la compatibilidad de las medidas fiscales introducidas por el Gobierno después del verano con la legislación comunitaria. 'En este momento, la Comisión no puede descartar que las medidas objeto de examen sean meras ayudas de funcionamiento, concedidas para compensar al sector agrario por el aumento del precio del combustible', afirma un comunicado.

Las llamadas ayudas al funcionamiento están prohibidas tajantemente por el Tratado de la UE porque distorsionan el desarrollo de la libre competencia en el seno del mercado único. Las autoridades españolas tienen un mes de plazo para explicar los puntos del acuerdo alcanzado con los agricultores que plantean problemas en Bruselas y acabar con las dudas de la Comisión si quiere evitar el veto a las medidas.

Puntos concretos

Los puntos concretos que preocupan a los servicios del comisario Franz Fischler son: en primer lugar, 'el incremento de la compensación contabilizada a efectos del cálculo del IVA en el caso de los agricultores sujetos a regímenes impositivos de tanto alzado'. Bruselas afirma que el Gobierno español no ha seguido las reglas establecidas en la Sexta Directiva sobre armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocio.

En segundo, 'la modificación del régimen impositivo para las cooperativas agrarias que venden gasóleo agrícola a agricultores no asociados a las mismas, con la consiguiente reducción del tipo del impuesto de sociedades para las cooperativas'. La Comisión Europea ha recibido una queja en relación con esta medida.

Por último, investiga 'otra serie de modificaciones relativas a la base impositiva a efectos del cálculo de las deducciones fiscales y de las cuotas a pagar por los agricultores'.

La Comisión Europea advierte de que si, durante la investigación abierta ayer formalmente en Bruselas, se corroboran sus dudas sobre las medidas pactadas con el sector agrícola, 'deberá solicitar a las autoridades españolas la recuperación de todas las ayudas que han sido concedidas'. El portavoz del comisario Fischler quiso restar dramatismo al hecho de que se haya iniciado el procedimiento formal de investigación al afirmar que 'esto no prejuzga una decisión negativa de Bruselas' hacia el sistema. 'Estamos en la primera fase del proceso', añadió.

A finales de septiembre de 2000, el Gobierno español aprobó un paquete de ayudas para paliar los efectos de la escalada del gasóleo para tres sectores, la pesca, el transporte y la agricultura. De un total de 120.000 millones, unos 70.000 estaban destinados a compensar las pérdidas de los agricultores. El Gobierno modificó la fiscalidad del IVA de los agricultores, aumentando en tres puntos (del 5% al 8%) el IVA compensatorio para los agricultores y dos puntos (del 5% al 7%) para los ganaderos. El acuerdo final permitió a los agricultores contar el IVA compensatorio desde el momento de la facturación de sus productos y no desde la entrega, por lo que los agricultores pudieron beneficiarse de la subida del IVA de todo lo que habían facturado durante 2000, a pesar de que el acuerdo entró en vigor en octubre de ese año.

La investigación de las ayudas a los agricultores es la segunda que la Comisión Europea abre contra España. El Ejecutivo comunitario decidió a finales de enero abrir expediente por el mismo motivo contra las medidas de apoyo temporal pactadas a favor de pescadores y armadores. También en este caso, los servicios de Franz Fischler creen que las medidas que se aplican en España para aliviar las consecuencias de la subida del precio del barril de crudo 'reúnen las características de ayudas de funcionamiento' y, por lo tanto, 'son incompatibles con las normas de competencia en el mercado común'.

Bruselas afirma que cuando se notificaron las medidas, el Gobierno español no 'adujo motivos que justificasen una excepción' en la aplicación de las reglas comunitarias en materia de ayudas de Estado. Los mecanismos de apoyo temporal al sector pesquero incluyen reducciones de algunas cotizaciones sociales de patronos y marineros en función de la categoría del buque y préstamos bonificados en función del coste del gasóleo consumido por el buque durante los primeros nueve meses de 2000.