El fiscal no firmó el acta de expropiación de La Punta al detectar irregularidades

El fiscal de oficio que debía firmar el acta de expropiación de los propietarios afectados por la ZAL en La Punta no lo hizo porque entendió que podía haber irregularidades en las comunicaciones a los afectados. Así lo explicó ayer el abogado de la Asociación de Vecinos tras acudir al juzgado número cinco de lo Contencioso-Administrativo de Valencia. El juz convocó ayer a la compañía Iberdrola y a los propietarios de la finca en la que la empresa eléctrica ha iniciado las obras de construcción de una torre de alta tensión a las que los vecinos se han negado por considerar que son ilegales. La representación de Iberdrola pidió ayer al titular del juzgado que se levantara con urgencia la suspensión provisional de las obras dictada el pasado viernes por un auto del Tribunal Superior. Según la compañía, tener a los operarios sin trabajar le cuesta 500.000 pesetas diarias y basa su urgencia en la necesidad de abastecer de energía a la Ciudad de las Ciencias, 60.000 vecinos y la futura Ciudad de la Justicia. Los propietarios de la finca afectada reiteraron que nunca recibieron comunicación alguna de que hubieran sido definitivamente expropiados.